Los comentarios del Directorio Transitorio de Petroperú han sido lapidarios. La situación que atraviesa la empresa estatal es insostenible. No da para más. Los peruanos no debemos seguir financiando la ineficiencia. La gestión privada sería un primer gran paso. Lástima por quienes defienden la paupérrima gestión de Petroperú.
Existen muchas evidencias del fracaso que ha resultado la gestión empresarial del Estado peruano. En la década de los sesenta y ochenta, en el Perú predominó la visión de un Estado intervencionista y empresario. Con la errática idea de “el Estado asegura mejores precios para el pueblo”, la pésima gestión y manejo de recursos, junto con el copamiento de cargos a dedo, sin un ápice de meritocracia, ofrecieron servicios paupérrimos y generaron cuantiosas pérdidas para todos los peruanos.
Con la reforma de los noventa, que abrió paso a la participación privada en 267 empresas estatales hasta 2014, de acuerdo con ProInversión, la calidad del servicio y la cobertura mejoró enormemente en transportes, puertos, comunicaciones, minería y electricidad, por mencionar algunos sectores. Pero aún quedan empresas estatales en diversos sectores económicos que representan más de un problema para la administración pública, pero que algunos siguen defendiendo a capa y espada. Una de ellas es Petroperú.
En los últimos años, esta empresa estatal ha registrado enormes pérdidas que pagamos todos los peruanos. En 2022, estas sumaron USD 271 millones. El año pasado, cerró con pérdidas de USD 823 millones. En el primer trimestre de este año, fueron USD 183 millones. Su situación administrativa y financiera es insostenible.
El Directorio Transitorio de Petroperú ha sido tajante en su análisis sobre el desempeño de la empresa estatal. Opera con limitado crecimiento de ingresos y baja rentabilidad, por lo que se proyectan pérdidas de USD 716 millones al cierre de 2024. Asimismo, ha perdido posición de mercado, al pasar del 51% a solo el 25%. Por si fuera poco, adolece de un alto grado de inestabilidad en la dirección y la gobernanza.
Entre las causas de esta situación figura el fuerte endeudamiento para la construcción de la Nueva Refinería de Talara, cuyo costo se elevó hasta los USD 6,500 millones. Cito textualmente al Directorio: “Una estructura organizacional operativa anquilosada, poco ágil y sobredimensionada, derivada también de las fallas de origen de un manejo público, no privado, en la gestión de la empresa”. Y, para colmo de males, se requerirían USD 2,200 millones para continuar con sus operaciones.
Vergüenza debería darles a todos y cada uno de los políticos, técnicos y académicos que han respaldado por años el manejo estatal de Petroperú. El Estado empresario es un fracaso. Haría mucho bien implementar una gestión privada, tal como solicita el Directorio Transitorio.
Los peruanos no debemos seguir financiando la ineficiencia ni mucho menos darles cabida a nuevas aventuras empresariales del Estado. Más de un político, con el falso discurso nacionalista, plantea la participación estatal en “sectores estratégicos” para beneficio del pueblo. No debemos caer en el engaño. El bienestar general no depende de un Estado intervencionista, sino del aprovechamiento de los recursos que genera la inversión privada.
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