El nombre de Kelly Portalatino Ávalos, congresista por Perú Libre, está en el ojo del huracán tras la revelación de un informe de inteligencia policial que la vincula con la llamada “Mafia Chimbotana”. Según el dominical Contracorriente de Willax Televisión, la congresista sería una de las líderes de este grupo criminal implicado en el lavado de activos, con bienes estimados en más de 8 millones de dólares.
En respuesta a estas acusaciones, la parlamentaria declaró: “Mis cuentas están limpias, acceso a ver yo por mi título personal, por favor, pregúntales a ellos”, negando cualquier implicación en las actividades delictivas mencionadas.
El informe policial, catalogado como clasificado, detalla un supuesto incremento patrimonial significativo entre los miembros de la supuesta mafia, grupo que incluye a la congresista y su entorno cercano. Los bienes adquiridos por este grupo criminal ascienden a casi 33 millones de soles, incluyendo propiedades en Lima y otras ciudades.
Un colaborador identificado como “Alex” proporcionó información sobre reuniones para la repartición de contratos, implicando al hermano de Portalatino y otros miembros en actividades ilícitas.
Los supuestos cobros de cupos

En el transcurso del año, se presentaron denuncias que mencionan cobros de cupos a cambio de puestos laborales, involucrando a personas cercanas a la congresista y a su padre, Ermitaño Portalatino. Estos señalamientos formaron parte del creciente cúmulo de pruebas que la policía ha recopilado desde octubre de 2023.
La investigación menciona que Kelly Portalatino, junto con su padre, su hermano Anderson e Iván Alex Ramos, y otros asociados, habrían amasado grandes sumas de dinero.
Respuesta de la Congresista
Ante las acusaciones, Portalatino manifestó: “Kelly Portalatino con las justas tiene una camioneta que ha comprado con el sudor mío, yo no tengo ningún bien, al contrario, he sacado préstamos para financiar mi campaña porque no tengo financiamiento de empresarios”. Añadió que no cuenta con movilidad propia y se traslada en taxi cuando viaja a Chimbote.
Investigaciones en curso
El documento policial menciona que la “Mafia Chimbotana” estaría compuesta por 17 miembros, cuyas propiedades han sido rastreadas y registradas por los agentes de inteligencia. En total, son 28 inmuebles en manos de esta red de presuntos lavadores de activos, incluyendo a la congresista.
El informe también destaca un caso particular que involucra al expresidente regional de Áncash, Henry Borja Cruzado, y al hermano de la congresista, Edison Portalatino. Ambos se habrían reunido en Miraflores para coordinar la adjudicación de contratos, entre ellos el contrato N° 026-2019-GRA con la empresa Negus Constructora SAC, propiedad del hermano de Portalatino, por un monto de S/ 330 mil 596.
Orígenes y evolución del grupo

Según la investigación de la PNP, habría iniciado sus actividades en 2008, con la ayuda de funcionarios corruptos, buscando obtener ganancias ilícitas. La investigación policial señala un aumento en las operaciones del grupo desde 2021, coincidiendo con la llegada de Kelly Portalatino al Congreso.
En la actualidad, la parlamentaria se encuentra inhabilitada para realizar contratos con el Estado, una medida derivada de las investigaciones en curso.
Parientes trabajan en el Congreso

Dos parientes de la legisladora Kelly Portalatino laburan en el Congreso con salarios que superan los tres mil y cuatro mil soles. La información fue difundida por el programa Punto Final.
Cindy Ríos, conviviente del hermano de la diputada, trabaja en la oficina de mensajería del Parlamento desde octubre de 2023. Su salario mensual es de S/3 mil 951. Rommy Vásquez, sobrina putativa de Portalatino, ocupa el cargo de técnico en la oficina de Cooperación Internacional desde abril de 2023, con una remuneración de S/4 mil 270.
El informe señala que Vásquez no cuenta con un grado o título académico registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Además, en noviembre de 2022, trabajó en el despacho del Ministerio de Salud cuando Portalatino era la ministra de esa cartera durante la administración del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Al ser abordada por un periodista de Punto Final, la parlamentaria negó la relación con sus parientes y defendió las contrataciones. “Nosotros no podemos privar de ningún trabajo a cualquier ciudadano peruano. [...] Ojo, hay que entender que el despacho congresal es de confianza y, por lo tanto, no puedo tener capacidad de poder contratar”, afirmó la parlamentaria mientras mostraba visiblemente su incomodidad.
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