Dos parientes de la legisladora Kelly Portalatino (Perú Libre) laboran en el Congreso con salarios que superan los tres mil y cuatro mil soles, según un informe difundido este domingo por Punto Final. Se trata de Cindy Ríos, conviviente del hermano de la diputada, y de Rommy Vásquez, su sobrina putativa.
De acuerdo con el dominical, Ríos está destacada en la oficina de mensajería del Parlamento desde octubre de 2023, con un pago mensual de S/3.951. Vásquez, por su parte, labora desde abril de 2023 como técnico en la oficina de Cooperación Internacional, con una remuneración de S/4.270.
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Al ser abordada por un periodista del dominical, la parlamentaria perdió los papeles mientras negaba a sus parientes. “Nosotros no podemos privar de ningún trabajo a cualquier ciudadano peruano. [...] Ojo, hay que entender que el despacho congresal es de confianza y, por lo tanto, no puedo tener capacidad de poder contratar”, dijo.

“Si ustedes me ven en redes sociales, no tengo ninguna afinidad con ellos. Cuando vean que tenga vínculo con ellos, ustedes me pueden criticar [...] ¿Me ve algunas fotos en mis redes sociales? Rechazo categóricamente que sean familiares míos. ¡No tengo ningún vínculo [con las implicadas], señor!”, continuó evidentemente fastidiada.
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Ambas habían viajado juntas y renunciaron al mismo tiempo, de acuerdo con el informe. Sin embargo, consultada por el dominical, la diputada insistió en su negativa: “Rechazo que sean familiares míos. No son familiares míos. Kelly Portalatino no tiene ninguna afinidad familiar [con ellas]”, dijo.
“Muéstreme una foto que tenga un vínculo familiar. Cuando me lo muestre, ahí recién voy a poder responder. Hagamos una buena investigación. Discúlpeme, pero no me corresponde a mí [hablar sobre cómo fueron contratadas]. La motivación es del oficial mayor, ¿acaso yo la he contratado? [...] ¿Usted sería capaz de decir a otra persona, a un hermano peruano, que no trabaje?”, cuestionó antes de subir a su camioneta.
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Contactada para el reportaje, Vásquez señaló que, cuando terminó de trabajar en el portafolio de Salud, presentó sus documentos al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y al Congreso, donde finalmente fue seleccionada.
Para el abogado Roberto Benavides, especialista en contrataciones con el Estado, el caso ameritaría ser investigado por las vías administrativa y penal. “No cumpliría la causal de nepotismo. Sin embargo, sí se puede decir que potencialmente hay un conflicto de interés en el cual estaría vinculado la congresista”, dijo a El Comercio.
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“Sí habría, potencialmente, que llevar a cabo investigaciones tanto administrativas como en temas penales. Puede haber negociación incompatible, asociación ilícita u otros delitos si se llegara a demostrar que hubo injerencia por parte de la congresista”, zanjó.
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