En menos de tres años, el Ministerio del Interior ha experimentado una notable inestabilidad que impacta directamente en la gestión del orden interno y la seguridad del país. Durante los gobiernos de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte, quienes llegaron al poder bajo la fórmula de Perú Libre, el portafolio ha tenido 13 titulares, un panorama que expone la crisis administrativa y la falta de continuidad en el cargo.
Durante la administración Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, la rotación de ministros del Interior fue particularmente alta. Juan Carrasco inauguró la gestión el 29 de julio de 2021, pero su mandato terminó el 6 de octubre del mismo año. Le sucedió Luis Barranzuela, quien ocupó el puesto del 6 de octubre al 2 de noviembre de ese año, con menos de un mes en el cargo. Luego, Avelino Guillén asumió el 4 de noviembre de 2021 y se mantuvo hasta el 30 de enero de 2022.
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La tendencia de cambios continuos continuó bajo la gestión de Boluarte. César Cervantes fue nombrado el 10 de diciembre de 2022, pero solo duró hasta el 20 de diciembre de ese mismo año. A continuación, Víctor Rojas asumió desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 13 de enero de 2023.

Vicente Romero tomó el mando desde el 13 de enero de 2023 hasta el 17 de noviembre de 2023. Víctor Torres lo reemplazó del 21 de noviembre de 2023 al 1 de abril de 2024. Walter Ortiz fue el siguiente, del 1 de abril al último 16 de mayo. El reciente nombramiento de Juan José Santiváñez marca el 13.° cambio en el despacho del Interior en menos de tres años.
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La falta de continuidad en el liderazgo del sector afecta gravemente la planificación y ejecución de estrategias cruciales para el bienestar y la seguridad de la ciudadanía. “Este gobierno escucha las balas y cuenta los muertos sin saber qué hacer”, reseñó Ipsos al presentar un estudio en el que el 63% de los peruanos indicó que la inseguridad se acrecentó en los últimos doce meses y el 87% afirmó sentirse desprotegido al transitar por la calle de noche.
Investigados
De los 13 ministros del Interior en este período, cinco están involucrados en investigaciones fiscales relacionadas con Castillo y Boluarte. Willy Huerta está acusado de participar en el autogolpe de Estado, un caso por el que el Ministerio Público solicita 25 años de prisión para él, frente a los 34 años de prisión requeridos para el expresidente, acusado de presunta rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
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César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, por su parte, son investigados por las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales, 49 de las cuales ocurrieron en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. En esta causa, Boluarte es acusada de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad.
La Fiscalía abrió diligencias preliminares contra la presidenta y el exministro bajo la acusación de ser presunta instigadora y autor, respectivamente, del delito de encubrimiento personal y contra la administración de justicia.
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