El Congreso de la República ha programado para el 5 de junio una sesión plenaria enfocada en el medio ambiente, con la intención de proponer y discutir nuevas regulaciones para su protección. Esto en medio de serios cuestionamientos a nivel nacional e internacional por la promulgación de la denominada ‘Ley Antiforestal’ y el plan de aprobación del Gobierno en ‘flexibilizar’ normas ambientales para no ser obstáculo de iniciativas privadas.
De acuerdo al comunicado del Legislativo, la organización de esta sesión especial está siendo coordinada junto al Ministerio del Ambiente, y forma parte de las acciones conjuntas por integrar al sector privado en la agenda ambiental nacional.
El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, en el marco del evento “Minam: Juntos por el Desarrollo Sostenible”, celebrado por el decimosexto aniversario de la cartera, señalada por impulsar cambios que debilitan la defensa del ambiente.
¿Cuáles son las reformas y normas que pretenden aprobar?
Estos cambios, aunque presentados como una simplificación de la “tramitología”, levantan alarmas sobre la posible instauración de un nuevo ‘paquetazo antiambiental’ que no respetaría los estándares ambientales, según organizaciones como CooperAcción.
Esto debido a que los ministerios del Ambiente y Energía y Minas están preparando regulaciones que podrían diluir las capacidades del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) y otras entidades responsables de la protección y adecuado manejo de riesgos medioambientales.
En primer lugar, está la propuesta de eximir al Senace de definir proyectos críticos bajo un “esquema de articulación”, relegando esta tarea a autoridades sectoriales. Y, por otro lado, la reintroducción de los Planes Ambientales Detallados (PAD) para proyectos mineros que no cuenten con un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), lo que genera críticas por promover una gestión ambiental fragmentada y menos responsable con los impactos de la minería.
Estas reformas, según alerta CooperAcción, además de constituirse como un giro hacia una regulación más permisiva en materia de impacto ambiental de proyectos de inversión, limitaría la capacidad de los expertos para realizar evaluaciones ambientales exhaustivas.
Gobierno ya aprobó primera norma
En tanto, el 4 de mayo, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 004-2024-MINAM, marcando el inicio de la aprobación de este conjunto de reformas.
Específicamente, este decreto reforma la normativa del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), procurando agilizar los trámites para la admisibilidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
Con ello, se establece que las entidades encargadas de evaluar los EIA tendrán ahora apenas 5 días hábiles para verificar la admisibilidad de los estudios presentados, una medida que, aunque busca eficiencia, genera preocupación por la posible falta de rigor en la revisión ambiental, temen especialistas, organizaciones y la sociedad civil en defensa del ambiente.
Asimismo, CooperAcción advierte que la modificación del artículo 53-A permite a los promotores de proyectos solicitar las observaciones ya emitidas en caso de retraso de alguna entidad, pretendiendo evitar demoras en la evaluación de los EIA.
Minam destrabará US$ 21 mil millones en proyectos de inversión
En medio de este contexto, recientemente, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, anunció un plan para desbloquear inversiones por valor de 21.700 millones de dólares retenidos en diversos proyectos.
Sin embargo, el plan, destinado a simplificar procesos burocráticos y promover la reactivación económica del país, plantea inquietudes entre expertos ambientales sobre las posibles implicaciones negativas para la conservación de los ecosistemas.
Además, el debate se extiende a la entrada en vigencia de la denominada ‘Ley Antiforestal’, la cual es vista con recelo por diversos sectores de la sociedad, principalmente los pueblos indígenas, por el riesgo de acelerar la deforestación en la Amazonía.
Pues, dispone la exención de la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), que elimina el control sobre el uso del suelo y el impacto ambiental de actividades industriales.
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