“Petroperú no será privatizada. Informarles categóricamente que bajo la gestión de Dina Boluarte no se privatizará Petroperú”, señaló Fredy Hinojosa, vocero presidencial, el pasado 14 de mayo, un día después de que el nuevo Directorio de Petróleos del Perú (Petroperú) informase a la opinión pública que había solicitado la evaluación de la empresa con el objetivo que esta cayera bajo control de un particular, según las cabezas de la empresa de hidrocarburos, para contar con una espalda financiera más amplia.
Tal postura generó la respuesta de las autoridades nacionales, quienes se manifestaron tanto a favor como en contra de la pretención de la empresa. Entre ellos, el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló en Canal N que tal acción es una muestra absoluta de “antiperuanidad”, pues implicaría la venta de la entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a “la dictadura empresarial que gobierna al país”.
Postura institucional de Petroperú
Tal y como expresó la institución en su comunicado, las condiciones financieras que requiere la empresa son tan anchas que afectaría a su accionista; es decir, al Estado peruano y, por consecuencia, tomaría los recursos de los ciudadanos. Como mencionado anteriormente, los cálculos de la empresa señalan un financiamiento adicional de 2 mil 200 millones de dólares.
Por tal motivo, el Directorio argumentó que estar bajo gestión de un particular sería la mejor opción para lograr el retorno a la autosostenibilidad financiera y una mejor producción operativa. Así, la compañía del Minem solicitó su autonomía ante la Junta General de Accionistas, al igual que ante el Gobierno nacional, esperando una respuesta afirmativa para “continuar con una gestión que puede y debe ser cumplida en beneficio del Perú”.
Crítica de la empresa
El Directorio informó igualmente que presentó el diagnóstico de la empresa (Carta PRES-0214-2024 y PRES-0213-2024) al Minem y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 7 de mayo mediante Antonio Mendoza, jefe de Gabinete de Asesores del Minem, y Betty Sotelo, viceministra de Hacienda del MEF; así como a los accionistas y a la presidenta Dina Boluarte el 8 de mayo. En este, la empresa cuestiona que el informe elaborado por la consultora Arthur D. Little/Columbus (ADL/C) sea tomado en cuenta para la reestructuración de la empresa dado su imprecisión.
En ese sentido, la empresa de hidrocarburos acusó que el informe está estructurado bajo una “serie de supuestos financieros y técnicos que no se han aplicado”. Por ejemplo, daba por sentado que la Nueva Refinería Talara (NRT) estuviera operativa desde el año en curso, lo cual generó que sus proyecciones tuviesen desvíos y, como tal, que las condiciones financieras de la empresa se agraven.
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