El ministro de Justicia, Eduardo Arana, reconoció este domingo que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no estaba informado sobre el espionaje ejecutado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) contra el contralor Nelson Shack, quien incluso informó de la operación al expremier Alberto Otárola, según un informe difundido por La República.
“Desde el Gobierno rechazamos cualquier tipo de prácticas que puedan enlodar y empañar la trayectoria democrática que se está haciendo desde el Gobierno. No solo rechazamos, sino que reclamamos una investigación inmediata y célere”, declaró en diálogo con Canal N.
De acuerdo con el diario, el equipo de seguridad de Shack identificó un operativo sospechoso cerca de su residencia el pasado 24 de octubre de 2023. Individuos no identificados, a bordo de dos vehículos y utilizando un dron, vigilaban los movimientos en la vivienda del contralor.
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Los vehículos estaban registrados a nombre de una compañía vinculada a Walter de La Torre Cueto, un funcionario de Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), organismo dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El diario buscó declaraciones de Otárola mediante su representante legal, pero no obtuvo respuesta.
“Con la Contraloría nunca ha habido algún tipo de desavenencia ni mucho menos derivada de la actuación que le corresponde en su función de control, según Constitución. ¿Cómo vamos a creer que [...] el ejercicio legal va a representar un problema para nosotros?”, aseguró Arana al respecto.

De igual modo, descartó que el ente sea “incómodo” a la administración de Boluarte, investigada por cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito en el caso de los relojes de lujo Rolex que exhibió en varios actos.
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La semana pasada, Boluarte propuso ante el Congreso la designación de Pedro Cartolín, juez supremo provisional de la Corte Suprema, como nuevo contralor en reemplazo de Shack, cuyo mandato de siete años finaliza en julio, de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría.
Proceso
La propuesta será sometida a evaluación por el Congreso, que tiene la facultad de pedir más información, entrevistar al candidato y realizar consultas para verificar su idoneidad. Para efectuar el nombramiento, se requiere el voto favorable de más de la mitad de los legisladores.
Jurista de profesión, Cartolín cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y su trayectoria profesional incluye importantes roles dentro del sistema judicial peruano. Antes de su posición actual, fue juez superior en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y se desempeñó como presidente del Jurado Electoral Especial Lima Sur 2.
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