
Un reciente informe de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el proceso de admisión a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Puente Piedra: 17 postulantes que no cumplían con el peso exigido fueron consignados como aptos en registros oficiales, según reveló el programa periodístico Ocurre Ahora de ATV. Este hallazgo expone nuevamente los filtros de ingreso de una institución marcada por denuncias de corrupción, indisciplina y delitos cometidos por sus miembros.
La dimensión del caso se acentúa en un contexto crítico. Más de 500 policías han terminado en prisión por presuntamente integrar bandas criminales y más de 22.000 uniformados están bajo investigación por faltas y delitos. La crisis institucional, según el reportaje, podría estar relacionada con deficiencias en los procesos de selección y formación de futuros policías.
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Procedimiento bajo vigilancia y registros contradichos
La evaluación cuestionada ocurrió el 5 de junio, con la participación de más de 4.000 postulantes en la prueba de talla y peso. Durante esa jornada, el sistema informático oficial presentó fallas, por lo que personal de inteligencia policial grabó en video todo el procedimiento. Las imágenes captadas se transformaron en la evidencia principal que permitió a la Contraloría comparar los videos con las actas oficiales.
El análisis determinó que no se trató de un hecho aislado. Se identificó que 17 postulantes fueron beneficiados para continuar en el proceso pese a no haber pasado el filtro físico. El informe señala que, mientras en la balanza varios aspirantes superaban el peso máximo permitido, en los documentos figuraban como aptos, lo que les habilitó para seguir en la etapa de admisión.
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Manipulación de datos y casos específicos
Uno de los casos detectados corresponde a una postulante de 18 años, cuyo peso real registrado superaba los 74 kilogramos, pero en la documentación oficial aparecía con 69 kilogramos. Otro aspirante figuró en la balanza con 81 kilogramos y en el acta oficial con 76 kilogramos. Las modificaciones se realizaron de forma inmediata, alterando el filtro físico en favor de quienes no cumplían con el requisito.
Rubén Vargas, exministro del Interior, sostuvo que atribuir lo ocurrido a un error resulta insostenible. “Decir una equivocación es muy difícil. Ahí hay una intención, hay un dolo”, afirmó. Para Vargas, este tipo de hechos está directamente vinculado con la crisis de la Policía Nacional del Perú: “La problemática que estamos viendo, oficiales y suboficiales de reciente egreso implicados en indisciplina y delitos, es resultado de fallas en los procesos de selección y de formación”.
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Junta de selección bajo cuestionamiento
El informe de la Contraloría señala a la junta de selección encargada de la evaluación, conformada por oficiales y suboficiales en actividad. La pregunta central es quién autorizó que los pesos y tallas consignados en las actas oficiales no coincidieran con lo registrado en video. Según Vargas, la alteración de estos datos puede acarrear consecuencias penales y disciplinarias. “En cambio de pesos, de tallas, automáticamente se está comprobando el delito de cohecho, que se sanciona de manera penal y disciplinaria, pudiendo llegar incluso al pase al retiro”, advirtió.
Este caso no es el primero en su tipo. Por años, postulantes y familiares han denunciado presuntos cobros ilegales para facilitar el ingreso a escuelas policiales. El reciente hallazgo reactiva las sospechas sobre los mecanismos que determinan quiénes logran incorporarse a la PNP y bajo qué condiciones.
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Requisitos físicos y transparencia en entredicho
El especialista consultado en el reportaje remarcó que los requisitos físicos existen para cumplirse y no para ser alterados por quienes tienen la responsabilidad de proteger la transparencia del reclutamiento. “Es escandaloso que se quiera aumentar la talla o reducir el peso de un postulante”, señaló. Además, subrayó que los aspirantes cuentan con suficiente tiempo para adecuarse a las reglas, y que lo inadmisible es que el filtro sea vulnerado “con la anuencia de quienes están encargados de velar por la transparencia de hacer reclutamiento”.
El impacto de este caso lleva a poner en duda la credibilidad de los mecanismos de admisión y la capacidad de la Policía Nacional del Perú para garantizar procesos justos y transparentes. Las voces expertas insisten en que la integridad de los filtros de ingreso resulta fundamental para prevenir problemas de corrupción y mala conducta dentro de la institución.
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Respuesta institucional pendiente y demandas de cambio
Al cierre del reportaje, la Policía Nacional del Perú no había emitido una respuesta oficial sobre las presuntas irregularidades anotadas por la Contraloría General de la República. La atención pública se centra ahora en las eventuales sanciones y en las medidas correctivas que deban adoptarse para restaurar la confianza en los procesos de admisión policial.
El contexto de crisis interna en la PNP se profundiza con la presencia de cientos de efectivos encarcelados por delitos y miles bajo investigación. Organizaciones civiles y especialistas en seguridad pública reclaman reformas estructurales que fortalezcan los filtros de ingreso y la formación de los futuros agentes.
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Las irregularidades reveladas por la Contraloría reafirman la necesidad de establecer controles más sólidos y mecanismos de supervisión efectivos en los procesos de selección. El desafío para la Policía Nacional del Perú será demostrar la voluntad de corregir las fallas y garantizar que los nuevos ingresos cumplan con los estándares físicos y éticos requeridos para ejercer la función policial.
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