Rafael López Aliaga reveló que Keiko Fujimori le prometió construir cárceles en Perú al estilo Bukele

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que la presidenta electa, Keiko Fujimori, le comunicó en una reunión privada que su gobierno aplicará un modelo de construcción penitenciaria similar al implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Según relató López Aliaga, Fujimori se comprometió a levantar los nuevos establecimientos en siete meses, un plazo incluso menor al que tardó el gobierno salvadoreño en edificar su megacárcel.

“Me dijo: ‘Rafael, voy a hacer el método Bukele. En El Salvador se demoran ocho meses’. Me dijo: ‘Yo lo hago en siete’. Amén. Le dije: ‘Hagámosle, hagamos las cárceles en siete meses’“, reprodujo López Aliaga ante sus seguidores durante un acto político en el distrito de La Victoria, en Lima, según informó RPP.

El anuncio se enmarca en una postura que Fujimori ha sostenido a lo largo de su campaña: la construcción de cuatro penales y un megapenal de máxima seguridad para reclusos de alta peligrosidad, con administración temporal a cargo de las Fuerzas Armadas y bloqueo total de señales móviles en todos los establecimientos penitenciarios del país. La presidenta electa había mencionado públicamente el CECOT salvadoreño como referente de ese proyecto.

El exalcalde de Lima añadió que Renovación Popular ejercerá desde el Congreso bicameral una labor de fiscalización para verificar el cumplimiento del plazo prometido. “Vamos a estar en el Congreso vigilando, supervisando. En siete meses tienen que estar las cárceles para meter a tanto delincuente”, expresó, según recogió RPP.

El modelo que inspira a Fujimori: qué es el CECOT

El referente que tanto Fujimori como López Aliaga invocan es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel inaugurada en enero de 2023 en Tecoluca, El Salvador. La instalación fue construida en menos de un año por tres empresas privadas a un costo de 100 millones de dólares, con capacidad para albergar a 40.000 reclusos, lo que la convierte en la prisión más grande de América Latina y una de las mayores del mundo por capacidad.

El CECOT fue la respuesta del gobierno de Bukele a la ola de arrestos masivos derivada de la declaración de estado de excepción en 2022, bajo la cual se suspendieron garantías constitucionales para combatir a las pandillas MS-13 y Barrio 18. A junio de 2024, la instalación registraba una población confirmada de 14.532 internos, aunque funcionarios penitenciarios estimaban en noviembre de ese año una cifra de entre 15.000 y 20.000 reclusos. En abril de 2025, el propio Bukele anunció su intención de duplicar la capacidad del complejo hasta los 80.000 presos.

Las condiciones del CECOT y el debate sobre su replicabilidad

El modelo salvadoreño genera tanto adhesiones como controversias en la región. La instalación de 23 hectáreas (57 acres), ubicada en zona rural a 70 kilómetros de San Salvador, opera bajo un régimen de máxima restricción: los internos permanecen 23 horas y media al día en celdas de concreto sin colchones ni sábanas, con las luces encendidas las 24 horas, sin visitas de familiares y con acceso a los pasillos únicamente para ejercicio o lectura de la Biblia. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de septiembre de 2024 alertó sobre el hacinamiento, con un promedio de 0,57 metros cuadrados por interno, por debajo de los estándares internacionales.

Analistas y expertos en seguridad advierten que el éxito estadístico del modelo —El Salvador pasó a tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con el 1,7% de su población privada de libertad— no puede disociarse de sus bases: la suspensión de derechos fundamentales, la detención masiva sin debido proceso y la subordinación del poder judicial al ejecutivo. Especialistas en gestión penitenciaria consultados por La República señalaron que involucrar a las Fuerzas Armadas en la administración de cárceles “no es una buena idea en términos de diseño institucional”, dado que estas están concebidas para enfrentar amenazas externas y no para la gestión de población penal.

El plan de seguridad de Fujimori y el rol de López Aliaga

Más allá de la infraestructura carcelaria, el plan de seguridad de Fuerza Popular contempla la creación de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) interconectados en las 24 regiones del país, con mapas del delito en tiempo real e inteligencia artificial predictiva. En sus primeros 100 días, el gobierno de Fujimori se comprometería a adquirir 1.000 patrulleros inteligentes, instalar 10.000 cámaras interconectadas y modernizar 200 comisarías, según el programa de gobierno presentado durante la campaña.

La presidenta electa también propuso el programa “Manos que Reparan”, mediante el cual internos de baja y mediana peligrosidad realizarían trabajos de mantenimiento en escuelas y espacios públicos como mecanismo de reinserción. Para los condenados por delitos violentos, planteó que trabajen para costear su propia alimentación durante la reclusión. La meta al 2031 es reducir en un 20% la tasa nacional de homicidios y bajar la impunidad del 90% al 50% mediante la ampliación de las Unidades de Flagrancia Express.

Acercamiento político y candidaturas

López Aliaga realizó estas declaraciones durante un acto político en La Victoria donde presentó a Susana Saldaña como candidata de Renovación Popular a la alcaldía de ese distrito. En el mismo evento, el exalcalde de Lima afirmó que mantiene comunicación con otros líderes políticos, entre ellos Jorge Nieto, del partido El Buen Gobierno; Alfonso López Chau, de Ahora Nación; y Ricardo Belmont, del partido Cívico Obras.

“Estamos en la misma onda, queremos darle bienestar a la gente”, sostuvo López Aliaga ante los asistentes, según consignó RPP. La actividad en La Victoria se suma a una serie de movimientos del líder de Renovación Popular orientados a consolidar alianzas con otras fuerzas políticas de cara a su rol fiscalizador en el futuro Congreso bicameral.