La presidenta Dina Boluarte presentó este jueves al Congreso la propuesta de nombrar a Pedro Cartolín, actual juez supremo provisional de la Corte Suprema, como el nuevo contralor general de la República, en reemplazo de Nelson Shack.
De acuerdo con la Ley 27594, que regula la participación del Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, el planteamiento fue formalizado mediante una Resolución Suprema suscrita por la jefa de Estado y los ministros Walter Astudillo (Defensa) y José Arista (Economía y Finanzas).
“Yo fui electo Contralor General de la República sobre la base de un acuerdo político de implementar una reforma de control que ya está prácticamente concluida, mi periodo de gobierno concluye el 19 de julio de 2024 y seré respetuoso de los tiempos”, afirmó en una entrevista con Infolegal.
“A mí sí me parece importante que los titulares de las instituciones continúen hasta que sean designadas o elegidas las autoridades que las deben suceder”, añadió. Solo unas semanas atrás, el pleno del Congreso había dado su visto bueno para que el contralor continuara en su cargo hasta que se oficializara la designación de quien lo sucedería.
En abril del 2023, Cartolín renunció a su candidatura a la jefatura de la Defensoría del Pueblo por razones personales y expresó su gratitud hacia Podemos Perú y Somos Perú, partidos que lo habían nominado y apoyado. En ese momento, competía por el cargo junto a Jorge Rioja y Josué Gutiérrez, quien finalmente fue elegido.
Además, ha liderado la Corte Superior de Justicia de Lima Sur en varias ocasiones, tanto como presidente de la Corte, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de la misma Corte, y presidente de la Sala Civil de Villa María del Triunfo.
Proceso
La propuesta enviada por el Ejecutivo deberá ser evaluada por el Congreso, que puede solicitar información adicional, llevar a cabo entrevistas con el candidato y realizar un proceso de consulta para determinar su aptitud para el cargo.
Para confirmar el nombramiento, más de la mitad de legisladores deben aprobar al propuesto. Si no se alcanza esta mayoría, el Ejecutivo debe presentar una nueva propuesta. Tras la aprobación del Parlamento, el candidato es oficialmente designado como contralor general y procede a la ratificación y juramentación, con lo cual inicia sus funciones de manera formal.
La entidad produce informes detallados con hallazgos y recomendaciones para optimizar la gestión pública, y tiene la facultad de sancionar administrativamente a funcionarios por faltas en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, en esta jornada concluyó que la contratación de Joinnus por el Ministerio de Cultura (Mincul) para expedir boletos de ingreso a Machu Picchu incumplió con la ley porque fue una adjudicación sin concurso público.
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