La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el contrato con Joinnus, luego de que el Ministerio de Cultura adjudicara la venta virtual de los boletos de los complejos arqueológicos a esta empresa. Sin embargo, la titular Leslie Urteaga justificó el acuerdo y mencionó que se realizó en un momento de “urgencia”.
Urteaga precisó que tras el informe se desistió del contrato con la empresa, por lo que señaló que se tomaron en cuenta las recomendaciones del ente de control. Por ello, se han comenzado procedimientos disciplinarios contra individuos posiblemente implicados en faltas administrativas, abriendo también la posibilidad de determinar si existen responsabilidades penales, civiles o contractuales.
En tanto, sostuvo que ahora sí se puede encontrar entradas para ingresar a los centros arqueológicos para el próximo, en comparación con lo difícil que era antes.
No se hizo convocatoria para el contrato
El órgano de control señala que el Mincul no realizó una convocatoria para esta buena pro cuando lo que correspondía era ejecutar procedimientos de selección en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Por ello, al no gestionarse de esta manera “afectó la legalidad” para que otros postores participen en la misma.
A lo que Urteaga enfatiza que existe la necesidad de una mayor proyección en el presupuesto para que se pueda efectuar cualquier tipo de concurso público, en línea con las evaluaciones realizadas por la Contraloría. Sin embargo, es parte del proceso que se debería cumplir para la transparencia de los organismos.
El controlador Nelson Shack realizó diversas visitas a los centros arqueológicos y espacios culturales desde los primeros meses del presente año, la cual también llegó hasta Machu Picchu. La inspección, iniciada en febrero, reveló “irregularidades” en el proceso, al descubrir que las contrataciones de estos servicios se efectuaron por montos inferiores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) sin considerar adecuadamente comisiones importantes.
La comisión auditora identificó que los contratos para el servicio de venta electrónica de boletos solo incluyeron el alquiler de la plataforma tecnológica y la pasarela de pagos, omitiendo en el cálculo de costos el porcentaje destinado a los proveedores por cada ticket vendido y cada transacción realizada, elementos que debieran haber sido considerados en los fondos públicos por su naturaleza.
Órdenes de servicio
De acuerdo con el informe, tres funcionarios estarían involucrados en estas acciones administrativas. Asimismo, se conoció que se emitió dos órdenes de servicios esenciales para la modernización y digitalización del acceso a los bienes culturales del país
La primera fue el 4 de agosto de 2023, el cual asigna un presupuesto de S/ 36 mil para la ‘Implementación de plataforma tecnológica virtual’ destinada a facilitar la visita a bienes muebles prehispánicos. Este proyecto se financiará con S/ 12 mil durante el 2023 y S/ 24 mil estimados para el 2024.
Por otro lado, el 18 de octubre de 2023 se obtuvo otra orden de servicio que contempla una inversión de S/ 5.917 para el ‘Servicio de Pasarela de pagos’ por la compra de boletos tanto en puntos de venta físicos (POS) como en línea.
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