La Contraloría General de la República concluyó que la contratación de Joinnus por el Ministerio de Cultura (Mincul) para expedir boletos de ingreso a Machu Picchu incumplió con la ley porque fue una adjudicación sin concurso público, según el documento de 67 páginas difundido este jueves por la entidad fiscalizadora.
El texto expone que el contrato entre el portafolio y la ticketera contravino la Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2023, así como la Ley de Contrataciones del Estado. Además, señala la posible implicación de al menos funcionarios de Cultura en la comisión de delitos relacionados con estas irregularidades contractuales.
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En un comunicado de X, antes Twitter, la congresista Ruth Luque destacó la importancia de que el Ministerio Público intervenga en el caso para esclarecer responsabilidades penales. “El tiempo nos dio la razón al pueblo cusqueño. [...] Ahora corresponde a la Fiscalía de la Nación iniciar las acciones correspondientes, a fin de determinar, la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados detallados en el Apéndice 1 y los que resulten responsables”, anotó.
Por su parte, la cartera de Cultura informó en un comunicado que aceptó recomendaciones de Contraloría y separó a las tres personas implicadas en el “informe con observaciones de carácter administrativo”, aunque resaltó que fue “un proceso transparente y sin corrupción”.
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Antecedentes
A mediados de febrero, el contralor Nelson Shack había adelantado “indicios de irregularidades” en la contratación de Joinnus a raíz de un proceso de control concurrente. La Contraloría, además, ya había identificado múltiples problemas en el servicio de venta de boletos, entre los que destacaba fallos en la plataforma virtual, inconsistencias en la información sobre ventas presenciales, horarios que no se ajustan a las normativas vigentes con el potencial de restringir el acceso de visitantes, así como la falta de reportes actualizados de las ventas virtuales que comprometen la transparencia financiera.
La disconformidad con la digitalización de la venta de entradas desencadenó un paro indefinido a finales de enero, liderado por pobladores y operadores turísticos, quienes vieron en estas acciones una tercerización indebida por parte del Ministerio de Cultura. La situación escaló al punto que se interrumpió el acceso en tren a Machu Picchu, con la suspensión de servicios por parte de Perú Rail e Inca Rail.
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En un intento por desescalar el conflicto, Joinnus propuso la terminación anticipada de su contrato (vigente hasta agosto de 2024), ofreció renunciar a las comisiones por ventas durante seis meses y se dispuso a someterse a un nuevo proceso de selección si así lo decidía el portafolio. De igual modo, negó cualquier intento de privatización de Machu Picchu y limita su papel a la gestión de las entradas.
A mediados de marzo, la ministra Urteaga fue interpelada en el Congreso sobre esta adjudicación durante dos horas en las que replicó a 44 preguntas. El mes pasado, además, logró mantener su cargo al faltar un voto para ser censurada. Según el Reglamento del Legislativo, se requiere más de la mitad de los votos de sus miembros para aprobar una destitución, lo que implicaba un mínimo de 66 votos a favor, meta que no se alcanzó.
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