Blanca Aurora Arce Barboza ha dimitido de su cargo como directora ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Rural, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, luego de ser vinculada con una red criminal supuestamente liderada por la fiscal suspendida del país, Patricia Benavides. Arce había sido designada recientemente el 27 de marzo, mediante una resolución firmada por Hania Pérez de Cuéllar, titular del Ministerio de Vivienda.
El nombre de Arce Barboza aparece en una resolución judicial que dio luz verde al operativo ‘Valkiria XI’, el cual implicó una serie de allanamientos e incautaciones significativas, donde también se ingresó a su vivienda, ubicada en Miraflores. La investigación detalla cómo la funcionaria fue nombrada en el cargo en octubre de 2023, tras un arreglo entre Benavides y exasesores del Ministerio Público, con el propósito aparente de manipular una licitación pública internacional para el beneficio de un empresario vinculado a la trama.
Esta licitación, con un valor estimado superior a los 140 millones de soles, estaba destinada para la adquisición de infraestructura crítica para el Ministerio Público, el Data Center principal y Data Center de contingencia. Sin embargo, tras modificaciones realizadas por Arce Barboza en noviembre de 2023 para favorecer dicha licitación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) objetó la operación, subrayando posibles impactos negativos.
El Ministerio de Vivienda, a través de un comunicado, aseguró que la designación se basó en su perfil técnico y la falta de antecedentes penales o judiciales previos, reafirmando su compromiso contra la corrupción. La implicación de la funcionaria en la estructura criminal, según la resolución judicial, era funcionar como una operadora dentro del esquema de corrupción orquestado para beneficiar a la red encabezada por Benavides y otros compinches.
La millonaria licitación
La designación de Blanca Arce Barboza como directora de la Carpeta Fiscal Electrónica y la controversia en torno a la licitación millonaria que favorecería a una empresa vinculada a Giancarlo Valer Enciso han suscitado polémica. Según se informó, tras la llegada de Patricia Benavides a un puesto clave, se produjo el reemplazo de Natalia Kelly Urbano Ramírez por Arce Barboza en octubre de 2023, mediante la resolución 2709-2023-MP-FN. Este cambio ha levantado sospechas sobre posibles manipulaciones en el proceso de selección de la licitación.
El foco de la investigación se centra en las acciones llevadas a cabo dentro del proceso de licitación, donde Jenny Ochante Cahuana fue señalada por su supuesta intervención para beneficiar a la citada compañía. Aunque Ochante presentó objeciones a la elección inicial del comité de selección, estas no prosperaron ante el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo al proceso y a los criterios de selección. Sin embargo, este mismo organismo posteriormente pidió revisar la idoneidad del comité tras observar posibles irregularidades en la selección de Itatel Perú como ganadora.
La situación actual mantiene la licitación abierta, bajo la lupa de las autoridades, para esclarecer si existen maniobras para asegurar que el contrato sea adjudicado a la firma asociada con Valer Enciso. EFICCOP, por su parte, ha expresado preocupaciones sobre una posible preselección indebida a favor de esta empresa, lo que subraya la necesidad de un análisis más exhaustivo para garantizar la transparencia del proceso.
Patricia Benavides ha rechazar los allanamientos y otras acciones que se dieron en el marco de la investigación en su contra. “Rechazo la burda maniobra, evidentemente, concertada de montar un psicosocial con fiscales y policías para impresionar a las autoridades y a la opinión pública. Y así forzar la injusta destitución, pese a la inexistencia de pruebas en mi contra. E incluso, mencionar a mis menores hijos”, mencionó en un video difundido por su abogado Jorge del Castillo.
Patricia Benavides habría buscado controlar EFICCOP
El Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder está investigando un nuevo suceso que implica directamente a la exfiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides. Esta investigación se centra en las supuestas acciones de difamación y presentación de denuncias falsas contra la fiscal Marita Barreto y los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano, del Equipo Especial de la PNP, con el propósito de tomar el control del EFICCOP.
Según una resolución judicial obtenida por Infobae Perú, la idea de remover a Marita Barreto de la coordinación del EFICCOP habría surgido del abogado Jefferson Moreno, quien estaba defendiendo a Mauricio Fernandini en el caso Marka Group.
De acuerdo con la investigación, Moreno contactó al exfiscal adjunto supremo Marco Huamán para solicitar que Fernandini fuera incluido en la investigación que se estaba llevando a cabo en la sede suprema “con el objetivo de que su cliente pudiera beneficiarse del proceso especial de terminación anticipada”. Sin embargo, solo se permitió que el periodista declarara como testigo protegido en dicha investigación.
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