Comunidad indígena exige titulación de sus tierras desde hace 32 años: demora del Estado facilita avance del narcotráfico en su territorio

Los cacataibos de Unipacuyacu han sido afectados, quedando relegados a menos del 1% de su territorio original debido al narcotráfico. Pese a ello, el Estado continúa sin otorgar garantías para su seguridad jurídica

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En 2020, la comunidad sufrió
En 2020, la comunidad sufrió la pérdida de su exjefe y defensor de derechos humanos, Arbildo Meléndez Grandéz, producto de las amenazas de las economías ilegales. (Composición Infobae)

La comunidad nativa Unipacuyacu del pueblo kakataibo en Huánuco ha iniciado una acción legal contra la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco (DRAH), acusándola de no finalizar el proceso de titulación de sus tierras ancestrales.

La demanda, presentada el 10 de abril de 2024, busca que el Poder Judicial obligue a la DRAH a entregar un título de propiedad colectivo a la comunidad, vital para su reconocimiento y protección territorial.

Durante tres décadas, Unipacuyacu viene solicitando sin éxito la titulación de sus tierras, mientras su territorio ha sido invadido y perjudicado por actividades ilegales como la minería, la tala y el narcotráfico.

A lo largo del tiempo, el conflicto ha llevado a la comunidad a controlar tan solo 4 de las 2.2946 hectáreas de su territorio original, situación que resultó en el asesinato del exjefe de la comunidad y defensor de derechos humanos, Arbildo Meléndez Grandéz, en abril de 2020.

De acuerdo a sus testimonios, los esfuerzos por combatir esta situación han sido insuficientes por parte del Estado, pues, las amenazas contra líderes comunitarios continúan y la falta de reconocimiento oficial de algunos territorios persiste.

Los cacataibos de Unipacuyacu han
Los cacataibos de Unipacuyacu han sido afectados, quedando relegados a menos del 1% de su territorio original debido al narcotráfico. Foto: Hugo Alejos/Convoca

¿Qué se busca con la medida legal?

A través de esta medida legal, no solo se busca reconocimiento y titularidad, sino también un freno a las violaciones de derechos humanos y daños ambientales graves que afectan a la comunidad indígena debido a la presencia de las economías ilícitas mencionadas.

Además, se solicita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) proveer el necesario soporte financiero, administrativo y consultivo a la DRAH para asegurar la protección de los derechos fundamentales de la comunidad.

La demanda cuenta con el apoyo de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) y el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL). Los aspectos más alarmantes que enfrenta Unipacuyacu incluyen la pérdida significativa de bosques, contaminación de fuentes de agua y una inseguridad constante.

Por ello, consideran que las acciones legales actuales representan un paso crucial para su lucha por la justicia y la reivindicación de sus derechos territoriales ante la indiferencia y las omisiones de las autoridades competentes.

Comunidad nativa kakataibo de Unipacuyacu
Comunidad nativa kakataibo de Unipacuyacu se encuentra ubicada en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, región Huánuco. Foto: Mongabay Latam

La historia de la comunidad Unipacuyacu

Los territorios indígenas en la selva central de Huánuco se encuentran en un estado crítico de vulnerabilidad ante la presión y expansión del narcotráfico y la deforestación ilegal, con más de 24 mil hectáreas invadidas, de acuerdo a una investigación de Convoca.

Asimismo, a la problemática se suma el auge de cultivos de coca y la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas para el comercio de drogas en sus territorios, que impactan especialmente en tres comunidades representativas de la Amazonía peruana: Unipacuyacu, Nueva Alianza y Nueva Austria del Sira.

En el caso de los cacataibos de Unipacuyacu, estos han sido particularmente afectados, quedando relegados a menos del 1% de su territorio original debido al narcotráfico.

Además, la ilegalidad en la titulación de terrenos ha facilitado la invasión y usurpación de sus tierras, contribuyendo a la deforestación y al desplazamiento forzado de los habitantes originarios.

Por ello, la comunidad demanda una acción urgente por parte de las autoridades para asegurar la protección de sus derechos territoriales ante el avance imparable del crimen organizado en sus tierras.

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