TC admite demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Antiforestal aprobada por el Congreso

Tras varios días de espera, el Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno Regional de San Martín contra la Ley N.º 31973, conocida como la Ley Antiforestal aprobada y publicada por insistencia del Congreso de la República.

Con el mecanismo constitucional, se buscará revertir la posibilidad que se archiven las investigaciones y juicios contra taladores ilegales y empresas acusadas de deforestación ilegal, dando paso a la formalización de propiedad sobre estas tierras, entre otros puntos.

Como se recuerda, la polémica norma ha sido fuertemente criticada por los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil en defensa de los bosques por colocar en alto riesgo la conservación de los ecosistemas forestales en el país.

Ahora, tras la notificación, el Legislativo deberá presentarse en el proceso y responder a la demanda en un plazo máximo de 30 días útiles.

En el marco de esta noticia, el próximo sábado 20 de abril, ciudadanos que se oponen a la Ley N.º 31973, la cual modificó la Ley forestal y de fauna silvestre, y aprobó disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal, se autoconvocarán, por segunda vez en el año, para protestar en defensa de los bosques del país, bajo el lema #NoALaLeyAntiforestal.

La convocatoria busca generar conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas, tanto para la población como para el futuro ambiental del planeta.

La Ley 31973, conocida como Ley Antiforestal, ha suscitado gran preocupación en las regiones amazónicas debido a su potencial impacto en la deforestación y su aprobación sin consulta a comunidades indígenas.

Pues, de acuerdo a los pueblos originarios y especialistas en materia ambiental, la nueva norma permite la expansión de la agricultura en áreas previamente destinadas a la forestación y conservación ambiental.

Según expertos, esto favorecería de manera desproporcionada a grandes empresas agrícolas dedicadas a la producción de palma aceitera, entre otros cultivos, que han contribuido a la destrucción de bosques en la zona.

Esto teniendo en cuenta el incremento alarmante de la deforestación en el territorio peruano, que alcanzó las 200 mil hectáreas durante la pandemia, superando el promedio anual de 150 mil, cifra equivalente a más de la mitad del área de Lima.

Además, contribuiría a fomentar el avance de economías ilegales como la minería y la tala ilegal, además del narcotráfico. Por ello, en respuesta, el Consejo Regional de San Martín —la región con mayor deforestación por agricultura a gran escala— inició acciones legales para impugnar la constitucionalidad de la medida.

En la misma línea, la preocupación en torno a la aprobación de la Ley Antiforestal también abarca la violación a normativas internacionales y nacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa, al no haberse consultado adecuadamente a las comunidades indígenas afectadas.

Bajo ese contexto, se recuerda que, hoy en día, existen varios recursos impulsados desde un sector del Congreso y la sociedad civil que buscan derogar la norma que afecta a los pueblos indígenas amazónicos, destacando la necesidad de respetar y promover un estado plural e intercultural en el país.