Magistrados alertan riesgos en proyecto de ley del Ministerio Público impulsado por Tomás Gálvez

La Asociación Nacional de Magistrados del Perú emitió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por el Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público (Proyecto de Ley N.° 14224/2025-MP), presentado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución del Congreso desde el 16 de marzo de 2026. La entidad, que representa a jueces y fiscales, advirtió que la propuesta podría afectar principios esenciales del sistema de justicia.

En su comunicado, la asociación recordó que el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo, por lo que cualquier reforma a su ley orgánica debe respetar su independencia funcional y administrativa. Esta autonomía —subrayan— es clave para el ejercicio de la acción penal y la defensa de la legalidad.

En ese sentido, señalaron que algunos aspectos del proyecto podrían comprometer la institucionalidad del Ministerio Público. En particular, alertaron que cambios en la carrera fiscal podrían afectar criterios como la meritocracia, la transparencia y la estabilidad en el cargo. Según el pronunciamiento, si no hay reglas claras para decidir quién ingresa, se mantiene o asciende como fiscal, y todo depende del criterio de alguien, eso puede poner en riesgo la independencia del sistema de justicia.

La asociación también recordó que la Constitución garantiza la inamovilidad de los magistrados, lo que implica que no pueden ser trasladados sin su consentimiento. Por ello, advirtieron que cualquier disposición que condicione la permanencia en el cargo a decisiones administrativas internas resulta incompatible con este principio.

Cuestionan eliminación de especialidad de familia

Otro de los puntos críticos señalados por la Asociación Nacional de Magistrados es la propuesta de eliminar la especialidad de familia dentro del Ministerio Público. Para la entidad, esta medida es regresiva y contraria a los estándares de protección que el Estado debe garantizar a poblaciones vulnerables.

En su pronunciamiento, advierten que esta especialidad responde a la necesidad de contar con fiscales capacitados en temas sensibles como alimentos, tenencia, tutela y protección de derechos fundamentales. Su eliminación —sostienen— implicaría la pérdida de especialización técnica en casos complejos y el debilitamiento de enfoques de género, niñez y derechos humanos.

Además, señalan que esta propuesta sería incompatible con compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, especialmente en materia de protección de la niñez y lucha contra la violencia hacia la mujer.

Frente a este escenario, el gremio invocó al Congreso a respetar las garantías esenciales del Ministerio Público y exhortó a promover un debate amplio, técnico y transparente. En esa línea, plantearon que la discusión incluya a operadores de justicia, la academia y la sociedad civil, con el objetivo de asegurar que cualquier reforma fortalezca la institucionalidad democrática.

Tomás Gálvez defiende reforma y cuestiona actual ley orgánica

El nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez defendió el proyecto de nueva ley orgánica del Ministerio Público y cuestionó la normativa vigente, que —según indicó— tiene más de 45 años sin cambios sustanciales.

Gálvez argumentó que, a diferencia de otras normas que han sido actualizadas, la ley orgánica del Ministerio Público se ha mantenido rezagada, lo que la convierte en una limitación para el funcionamiento institucional. En ese contexto, cuestionó que los fiscales conduzcan las investigaciones “conforme a su propio criterio”, lo que, a su juicio, genera falta de uniformidad y problemas en los resultados.

El exmagistrado sostuvo que esta situación impide establecer protocolos y lineamientos obligatorios para todos los fiscales. Desde su perspectiva, la ausencia de parámetros comunes permite que las investigaciones se prolonguen sin resultados claros, afectando la eficiencia del sistema.

En ese sentido, insistió en la necesidad de introducir cambios que permitan ordenar el trabajo fiscal y garantizar que las investigaciones sigan criterios definidos y verificables.

Proyecto busca establecer control en investigaciones

De acuerdo con Gálvez, el proyecto de nueva ley orgánica fue elaborado por un grupo de especialistas en la materia, entre ellos fiscales con experiencia en el sistema. La propuesta ya fue presentada ante el Congreso y será sustentada en los próximos días.

Uno de los principales ejes de la iniciativa es eliminar la discrecionalidad en la conducción de las investigaciones fiscales. En su lugar, se plantea que estas se desarrollen bajo parámetros, protocolos y lineamientos específicos que deberán cumplirse obligatoriamente.

Además, el proyecto propone establecer mecanismos de control dentro de la institución, a través de subsistemas dirigidos por fiscales supremos. Según Gálvez, esta medida permitiría supervisar el trabajo fiscal y asegurar una mayor coherencia en la actuación del Ministerio Público.