Los altos niveles de la inseguridad ciudadana generaron la respuesta del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien se pronunció públicamente a favor de que las organizaciones criminales que amenazan la seguridad de los ciudadanos sean declaradas como terroristas.
El pronunciamiento, que se produjo desde la ciudad de Chimbote, en Áncash, durante la inauguración de una unidad de flagrancia, Arévalo llamó a la reflexión a las autoridades a considerar esta opción para combatir contra la inseguridad ciudadana.
Las declaraciones del presidente del Poder Judicial no se limitaron a la consideración de las organizaciones criminales como terroristas, sino que también indicó que “previa definición legislativa, pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas” para luchar contra la criminalidad en las calles de todo el Perú.
Arévalo también aclaró que las Fuerzas Armadas deberían tener un rol de apoyo debido a que la responsabilidad principal de la lucha contra la inseguridad ciudadana le corresponde a la Policía Nacional del Perú (PNP).
Lady Camones respalda pedido de Javier Arévalo
Por su parte, la congresista de Alianza Por el Progreso (APP), Lady Camones, quien también estaba presente en el evento, indicó que considera que la posición del presidente del Poder Judicial es viable e indicó que le corresponde al Congreso considerar esta petición.
Piden ley para inhabilitar a jueces que liberen delincuentes
Ya en marzo de este año, el presidente del Poder Judicial había considerado pertinente pedir al Congreso que se cree una ley que permita la inhabilitación ‘para siempre’ a quienes tomen la decisión de liberar a delincuentes de forma irregular para favorecer a los criminales.
“Los jueces y fiscales son independientes, pero tienen que responder por eso (liberación irregular de criminales). Tiene que haber una figura penal que inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a los delincuentes que solo hacen daño a este país”, indicó.
Durante su pronunciamiento, el magistrado también hizo referencia a la encuesta de Datum en la que se revela el alto nivel de desconfianza de la ciudadanía contra el Poder Judicial. Admitió que este es el tipo de decisiones que motivan esta falta de confianza contra los funcionarios. De hecho, el estudio indica que el 85% de peruanos no cree en este poder del Estado por considerarlo como “corrupto” y que sus integrantes “reciben coimas”.
Otros de los motivos por los que los ciudadanos no confían en la Corte Suprema es porque se tiene la idea de que se beneficia a los delincuentes (10 %) y porque hay demora al emitir sentencias (8 %). En menor cantidad, se indica que existe parcialidad o es injusta (4%), y que “es ineficiente” (2 %).
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