El Perú es un país que ha sabido convivir con el drama cada cierto tiempo a lo largo de toda su historia. Sin embargo, hubo un hecho que superó todas las expectativas y no solo trajo dolor, sino que mantuvo en al país entero en vilo por 126 días, en los que cada uno de los rehenes que se quedaron hasta el final vieron a la muerte misma delante de sus ojos.
Se trata de la operación Chavín de Huántar, en la que un comando del ejército peruano rescató a 72 personas que seguían cautivas a manos de un grupo del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que tomaron por la fuerza la residencia del embajador de Japón, Morihisa Aoki. Y esta es la historia de lo que pasó ese 22 de abril de 1997.
Comenzó la pesadilla
El 17 de diciembre de 1996 marcó el inicio de uno de los episodios más dramáticos en la historia reciente del Perú del siglo XX. El distrito de San Isidro, en Lima, se convirtió en el escenario de un secuestro masivo en la residencia del embajador de Japón en Perú.
La mayoría de los retenidos fueron liberados en las primeras horas del secuestro, y en especial, todas las mujeres, incluida la madre del presidente Alberto Fujimori, fueron dejadas en libertad la noche del asalto.
Sin embargo, 72 rehenes permanecieron cautivos durante 126 días hasta que una operación militar, denominada Comando Chavín de Huántar, logró su liberación el 22 de abril de 1997. La incursión resultó en la muerte de un rehén (Dr. Carlos Giusti Acuña, vocal de la Corte Suprema), dos militares (teniente coronel Juan Valer Sandoval y teniente Raúl Jiménez Chávez) y los catorce miembros del MRTA involucrados.
¿Héroe o villano?
Alberto Fujimori, presidente de la nación en aquel entonces, fue inicialmente elogiado por su manejo de la crisis. No obstante, la narrativa cambió con el surgimiento de reportes que acusaban a las fuerzas del orden de ejecuciones extrajudiciales de militantes del MRTA que se habían rendido.
Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos reveló que Fujimori había ordenado que ningún miembro del MRTA fuera capturado vivo. Esta controversial acción fue seguida por demandas legales contra oficiales militares por parte de los familiares de los insurgentes fallecidos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado peruano responsable de violar el derecho a la vida en 2015.
El secuestro también generó una atención mediática en todo el mundo, destacando la vulnerabilidad del gobierno de Fujimori y la severa situación de la seguridad interna en Perú.
Se acabó la paciencia
Durante el cautiverio, se realizaron negociaciones para buscar una salida pacífica al conflicto, con participación de diversas entidades internacionales. Sin embargo, la paciencia del gobierno se agotó cuando Néstor Cerpa, líder de los terroristas, decidió no suministrar ayuda médica a los rehenes que estaban enfermos. Entonces, se optó por una solución militar.
Aunque la Operación Chavín de Huántar fue considerada un éxito táctico y mejoró temporalmente la percepción pública de Fujimori, las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y ejecuciones sumarias empañaron la victoria.
La reacción internacional fue en su mayoría favorable a la decisión de Fujimori de resolver la crisis por la fuerza, pero hubo críticas específicas sobre cómo se trató a los prisioneros en la hora del enfrentamiento y el destino de los terroristas.
El secuestro en la residencia del embajador japonés y la operación de rescate se convirtieron en un momento definitorio en la historia peruana, ilustrando las complejidades del conflicto armado interno y la lucha entre la seguridad del Estado y los principios de justicia y derechos humanos.
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