Autoridades en peligro: Traficantes de terrenos amenazan de muerte al alcalde de Pachácamac

El caso de Enrique Cabrera sería uno de una lista de 11 burgomaestres que denunciaron este tipo de amenazas en su contra solo en Lima Metropolitana desde el año 2023

El alcalde de Pachacamac, Enrique Cabrera, denunció ser objeto de amenazas de muerte por parte de una banda de traficante de terrenos. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/RPP)
El alcalde de Pachacamac, Enrique Cabrera, denunció ser objeto de amenazas de muerte por parte de una banda de traficante de terrenos. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/RPP)
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Un nuevo caso de amenazas a las autoridades vuelve a producirse luego de que el alcalde del distrito Limeño de Pachacámac hiciera público su propio caso: una presunta mafia de traficantes de terrenos lo está amenazando de muerte.

El burgomaestre, Enrique Cabrera, habló sobre lo que está pasando en medio de una presentación junto a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar.

10 alcaldes de Lima en la mira de sicarios

El caso del alcalde Cabrera no es el primero, ni el segundo. De hecho, con este serían 11 los burgomaestres que han denunciado algún tipo de amenaza, por parte de mafias dedicadas al sicariato o extorsión y que buscan amedrentar a las autoridades para continuar con sus actividades ilícitas.

Desde el año 2023 se reportó que las autoridades de distritos como La Molina, Chorrillos, Rímac, La Perla, La Victoria, San Martín de Porras, Lince y Comas han recibido amenazas de algún tipo por parte de delincuentes. El alcalde de Santa Anita, Olimpo Alegría, fue el primero en denunciar estas actividades en su contra en abril del 2023.

Extorsionadores ahora amenazan a los alcaldes e incluso gobernadores regionales a nivel nacional. (Foto: Composición - Infobae/Renato SIlva)
Extorsionadores ahora amenazan a los alcaldes e incluso gobernadores regionales a nivel nacional. (Foto: Composición - Infobae/Renato SIlva)

Asesinatos de tenientes alcaldes, mensajes amenazantes, extorsiones, arreglos fúnebres y granadas en sus viviendas son algunas de las modalidades elegidas por los delincuentes para intimidar a las autoridades. Pero, ¿cuál es el motivo detrás de las amenazas? La fiscalización y cierre de presuntos negocios vinculados a estas bandas criminales sería la clave de estos ataques.

Este es el caso de Malca Schnaiderman, alcaldesa de Lince, quien acusó que un integrante del ‘Tren de Aragua’ le advirtió que dejara de clausurar discotecas y hostales en Risso, una zona conocida por ser uno de los focos de prostitución vinculada al tráfico de personas y ciudadanas extranjeras.

Otro de los casos que se han presentado en los últimos meses tiene como protagonista al alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, pues según ha indicado en más de una oportunidad, los delincuentes que lo han amenazado están reuniendo fondos para asesinarlo. El monto sería de 30 mil soles destinados a acabar con la vida del alcalde, que además indicó que también se ha amenazado al bienestar de su familia.

Detrás de estas amenazas está la banda criminal conocida como ‘Los malditos de Huascar’. Según el alcalde Maldonado, recibió un mensaje directo de parte de los delincuentes. “Me han enviado un video con balas que indican que son para mí”.

Amenazan de muerte a Jesús Maldonado y a sus funcionarios.
Amenazan de muerte a Jesús Maldonado y a sus funcionarios.

Gobiernos regionales también sufren amenazas

Solo entre el 2023 y 2024 se han reportado más de 200 autoridades y funcionarios amenazados por extorsionadores, quienes amenazan su bienestar y el de sus familias.

Un informe del diario Ojo indicó que la División de Estadística de la Policía Nacional detectó que en total 245 personas con cargos públicos se encuentran amenazados por extorsionadores. Alcaldes y gobernadores regionales son los más afectados e incluso los propios ciudadanos se encuentran preocupados por el aumento de las actividades criminales.

El argumento principal es que si en la actualidad los extorsionadores también pueden atacar a las autoridades, los ciudadanos sin cargos públicos y con menos recursos son incluso más expuestos a estos peligros.

La cifra de autoridades afectadas se distribuye de la siguiente manera: 40% son autoridades o funcionarios de gobiernos municipales, 30% son autoridades regionales y el 20% pertenece a otros puestos claves en estas jurisdicciones.

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