Avance de actividades ilegales en la Amazonía pone cada vez más en riesgo a defensores ambientales en Perú

En el Perú, los defensores ambientales y líderes indígenas se enfrentan a un alarmante 68% de situaciones de riesgo debido al avance de actividades ilegales, especialmente en la Amazonía peruana. Así lo ha señalado en una reciente entrevista con RPP el Apu Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

De acuerdo al líder indígena shipibo, esta cifra resalta la urgente necesidad de acciones concretas para salvaguardar la integridad de los defensores indígenas que luchan contra la explotación descontrolada de sus recursos.

No obstante, según declaraciones de Cusurichi, a pesar de los intentos por buscar protección, la realidad muestra que las amenazas persisten sin que este grupo vulnerable sienta un respaldo real por parte del Estado.

Frente a esta falta de apoyo efectivo, las comunidades indígenas amazónicas han reforzado la organización de sistemas de autoprotección como guardias indígenas y vigilantes, buscando maneras autónomas de defender sus territorios de invasiones y actividades ilícitas, como la minería ilegal.

En esa línea, Cusurichi destaca la urgencia de contar con recursos para el monitoreo de los territorios indígenas y apela al Gobierno a que brinde un mayor apoyo en sus iniciativas de vigilancia.

Además, resalta las iniciativas de los gobiernos territoriales autónomos, como el Wampís y Awajún, para la gestión y protección de sus territorios frente a la contaminación y la explotación ilegal.

Pues, la autodeterminación de las naciones indígenas resulta ser una estrategia clave para enfrentar las problemáticas que el Gobierno no ha logrado resolver, según Cusurichi.

Bajo este contexto, la problemática de la minería ilegal se presenta como una de las principales amenazas para la preservación de la Amazonía.

Por ello, actualmente, las organizaciones indígenas se vienen organizando exigir al Estado que esta situación se aborde desde un enfoque integral que incluya el fortalecimiento de las economías indígenas, especialmente de aquellas comunidades que se encuentran cerca a las zonas donde se desarrolla la actividad ilegal, mediante proyectos sostenibles.

De otro lado, Cusurichi también mencionó el Acuerdo de Escazú como un paso significativo hacia el reconocimiento y la protección de los derechos de los defensores ambientales, aunque lamenta que el Gobierno peruano aún no lo ha firmado.

El Acuerdo de Escazú es un tratado enfocado en los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en materias ambientales para América Latina y El Caribe, y espera su ratificación por el Congreso de la República desde agosto de 2019.

Desde su firma, Perú ha jugado un papel crucial en el avance de El Acuerdo de Escazú, mostrando un consenso multisectorial a favor del bien público y la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, para la adopción de estándares y promoción de leyes a miras de fortalecer la protección ambiental.