Congreso financia con 70 mil soles la defensa legal de Alejandro Soto en investigación por caso Patricia Benavides

El Congreso de la República aceptó desembolsar 70 mil soles para financiar la defensa legal del presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, en la investigación que se le sigue a la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunta organización criminal y otros delitos.

A inicios de marzo, la fiscal suprema Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, incorporó a Soto y otros 13 parlamentarios en la investigación preliminar en base al testimonio del exasesor de Benavides, Jaime Villanueva.

Específicamente, al presidente del Congreso se le atribuye la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico por, según Villanueva, haber aceptado priorizar en la agenda del Pleno la moción para investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto a cambio de que la exfiscal de la Nación archive la investigación en su contra por la Fábrica de Trolls en su despacho.

Debido a que se trata de un servicio de asesoría legal, no se realiza un proceso de selección, sino que el funcionario que solicita el beneficio presenta la propuesta de honorarios del abogado o del estudio que lo defenderá. En este caso, Alejandro Soto pidió que el Parlamento financie los honorarios del estudio Bramont-Arias Torres, ascendente a 70 mil soles.

El monto, según las bases, cubrirá únicamente la etapa de investigación preliminar y no todo el proceso penal (investigación preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral). La buena pro del servicio ya se entregó el último viernes 12 de abril a las 3:30 de la tarde, según el acta de otorgamiento.

La defensa de Alejandro Soto

Los 70 mil soles que ha desembolsado el Congreso cubrirán la asesoría en la investigación preliminar, incluida la declaración indagatoria de Alejandro Soto. La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos programó dicha diligencia para el 25 de abril del 2024, a las 08:30 de la mañana.

El estudio Bramont-Arias Torres también deberá también deberá ofrecer:

• Presentación de escrito de apersonamiento y domicilio legal.
• Redacción de informes sobre el estado de investigación.
• Asesoramiento, defensa y representación legal a ser ejercida durante toda la etapa de investigación preliminar, hasta que sea emitida disposición fiscal que ponga fin con carácter definitivo a la misma.
• Participación en cuanta diligencia sea dispuesta por la Fiscalia Suprema en el marco de la investigación preliminar abierta.
• Preparación y presentación de cuanto escrito sea necesario a fin de desvirtuar la imputación que se realiza contra el Sr. Alejandro Soto Reyes, Presidente del Congreso de la República.
• En caso de que sea emitida disposición fiscal que disponga el archivo de la presente investigación preliminar abierta, y esta sea objeto de impugnación, la preparación y asistencia legal en el ámbito del recurso de elevación de actuados que se tramite al respecto.
• Elaborar cuantos informes legales sobre el estado de la investigación sean solicitados.

La investigación preliminar contra Alejandro Soto podría acabar en una denuncia constitucional. En caso el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, determine que existen suficientes elementos, puede solicitar el levantamiento del antejuicio político. El único obstáculo es que dicho pedido se tramita ante el propio Congreso, que ya en anteriores oportunidades ha bloqueado denuncias del Ministerio Público.

Además de Soto, la fiscal suprema Delia Espinoza investiga a Martha Moyano, Patricia Chirinos, José Balcázar, Katy Ugarte, Edgar Tello, Adolfo Tacuri, Luis Cordero Jon Tay, Luis Aragón, José Daniel Williams Zapata, José Jerí, Illich López, César Revilla, Jorge Luis Flores Ancachi.

Un grupo de estos parlamentarios, liderado por Chirinos, ha denunciado constitucionalmente a Espinoza, solicitando su inhabilitación por 10 años de la función pública.