Aníbal Torres Vásquez, ex premier de Pedro Castillo, logró evitar una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. Esta decisión fue tomada por el Congreso de la República, en una sesión que se llevó a cabo el 10 de abril de 2024. La medida propuesta se relacionaba con alegaciones sobre infracciones cometidas durante su gestión.
Con 55 votos a favor, 18 en contra y 13 abstenciones, la mayoría del Parlamento desestimó las conclusiones del informe presentado por Lady Camones, en su rol de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Dicho informe acusaba al ex primer ministro de violar los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución.
El informe de la SAC señalaba que las acciones y declaraciones de Aníbal Torres, realizadas principalmente durante los Consejos de Ministros Descentralizados y entrevistas en medios, infringían la Constitución.
Un proceso que inició en agosto del 2022 y culmina este miércoles
El caso contra Torres siguió su proceso desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que elaboró un informe en el que recomienda su inhabilitación del ejercicio de cargos públicos por un periodo de diez años. Este informe fue aprobado en una previa instancia por la Comisión Permanente del Congreso hace dos semanas con un total de 15 votos a favor.
El informe final aprobado contó con los votos de las principales bancadas opositoras a la gestión de Pedro Castillo, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso. En oposición al informe final y respaldando al exprimer ministro votaron congresistas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Podemos Perú, y Perú Bicentenario.
¿De qué se acusa a Aníbal Torres?
Entre las principales acusaciones que pesan contra Torres en el informe final está el hecho de que Aníbal Torres habría realizado actividades oficiales sin el marco constitucional. Actividades que en su momento habían sido motivo de cuestionamientos por el alto costo monetario que significaba desplazar a todos los funcionarios al interior del país.
“El denunciado llevó a cabo una serie de sesiones de ‘Consejo de Ministros descentralizadas’ sin marco constitucional y legal y con finalidades y objetivos distintos a los previstos a dicho órgano; lo cual ya es en sí mismo un ejercicio indebido del poder otorgado; adicionalmente se ha determinado que las expresiones que el denunciado realizó en dichos espacios, así como frente a medios de comunicación se realizaron superando los límites para el ejercicio de la libertad de expresión y opinión al tener la calidad de funcionario público; constatándose así un ejercicio fuera de los límites constitucionales y legales previstos, materializándose la infracción constitucional imputada”, se lee en el documento final aprobado por la Comisión Permanente y que será debatido y votado este miércoles 10 de abril.
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