La congresista Magaly Ruiz, de Alianza Para el Progreso, acusada de recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho en el Parlamento, buscó la asesoría legal de un fiscal para “ayudarla” en la investigación en su contra. El detalle es que el fiscal Richard Rojas Gómez solicitó un favor en retorno: la contratación de su hermano en el Congreso.
El ex asesor de la congresista, Johnny Romero, quien además era el intermediario usado por Ruiz para recortar el sueldo de sus trabajadores, indicó en Punto Final que la parlamentaria le dijo que debían reunirse con Rojas Gómez “para poder salvarnos de este problema (la investigación en Fiscalía por el recorte de sueldos)”.
Durante la reunión, que se realizó en la casa del propio fiscal, se encontraron cuatro personas: la parlamentaria, Johnny Romero, Richard Rojas Gómez y su hermano, Álex Junior Rojas Gómez. Este último fue el intermediario con el que se pudo pactar el encuentro en su domicilio, en el distrito de Pueblo Libre.
En la casa del fiscal, la parlamentaria expuso su caso y el abogado indicó que “promete ayudar, pero esa ayuda tenía un costo, que era que el hermano entre a trabajar en el despacho” según las propias declaraciones de Romero.
Esta promesa se habría cumplido, pues el 14 de marzo del 2023, una semana luego de la reunión, ingresó a trabajar en el puesto de Asesor II en el despacho de la parlamentaria, y pasó a recibir pagos mensuales de 9.300 hasta agosto del 2023. Hasta el momento no se conoce cómo o cuál fue la ayuda brindada por el fiscal a la congresista Ruiz.
Procuraduría pide diligencias preliminares contra la congresista Ruiz
Al ser consultado por Punto Final sobre su vinculación con la parlamentaria, el fiscal Rojas guardó silencio. Sin embargo, esto no lo libró de que la Procuraduría General del Estado solicite el inicio de diligencias contra él, su hermano y la congresista Magaly Ruiz por delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y tráfico de influencias.
Según la publicación de la Procuraduría en su cuenta oficial de X (antes Twitter), “el pedido se basa en información periodística que indica que congresista Ruiz se habría reunido con fiscal Rojas a fin de solicitarle que interceda en investigación en su contra, a cambio de contratar a su hermano en el despacho”.
Rojas Gomez participó en el año 2021 como parte del allanamiento al local del partido Perú Libre en Breña como parte de las indagaciones sobre presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral. De hecho, este caso incluye no solo al expresidente Pedro Castillo, sino también a Vladimir Cerrón y a la actual presidenta, Dina Boluarte.
Congreso ‘blindó’ a Magaly Ruiz
En febrero de este año, el Congreso de la República tomó la decisión de archivar la denuncia contra Magaly Ruiz por el recorte de salarios al personal de su despacho durante el año 2023
Pese a estas revelaciones, la parlamentaria Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) indicó que la conclusión a la que llegó su indagación es que “no existe responsabilidad por antejuicio político ni por juicio político” por parte de Ruiz.
Por esa razón, recomendó que la investigación contra su colega de APP, por presuntamente cometer el delito de concusión que se encuentra tipificado en el artículo 382 del Código Penal y haber infringido los artículos 1,23,38 y 39 de la Constitución Política del Perú, debía ser mandado al archivo.
Sin generarse un debate posterior, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso respaldó esta recomendación con 17 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
Entre los que salvaron a Magaly Ruiz se encuentran sus compañeras de bancada Lady Camones y Edith Julón. A ellas se unieron Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Martha Moyano y Arturo Alegría (Fuerza Popular); Elizabeth Medina, Alex Paredes y Jorge Coayla (Bloque Magisterial); José Cueto (Renovación Popular); Kira Alcarraz (Podemos); José Jerí (Somos Perú); Francis Paredes (Cambio Democrático); y José Balcázar (Perú Bicentenario).
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José Luis Brenis, director de Inspección y Certificación de Digemid, indicó que existen 10 mil unidades en el mercado, pero que ya fueron inmovilizadas. Por su parte, el decano del Colegio Químico, Aníbal Díaz, señaló que se necesita condiciones estrictas en este medicamento
