La mañana de este viernes 05 de abril, un nuevo atentado se produjo contra la mina Poderosa ubicada en el distrito y provincia de Pataz, en la sierra de la región La Libertad. Según reportes locales, dos torres de alta tensión fueron dinamitadas por quienes estarían ligados a la minería ilegal.
Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa, confirmó esta noticia en diálogo con RPP Noticias, e indicó que luego del ataque los presuntos autores incursionaron en dos galerías ubicadas dentro de la zona minera. En esa línea, recordó que el hecho se produce meses después del ataque en el que murieron nueve trabajadores de la minera.
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“Lamentablemente, hemos vuelto a ser víctimas de un nuevo atentado. Esta vez con la voladura de dos torres de alta tensión por un grupo de mineros ilegales coludidos con elementos criminales. Además, han tratado de tomar dos galerías de nuestras operaciones. Esto se produce a pesar de estar en estado de emergencia”, aseveró.
Afortunadamente, no se ha reportados heridos ni pérdidas humanas en este atentado criminal al que muchos pobladores han calificado como“terrorismo”.
“Ya llevamos 15 torres dinamitadas”
De la Flor indicó que con el último atentado, ya son 15 torres que han sufrido ataques con dinamita. Según sus palabras, con este tipo de ataques los criminales buscan “interrumpir el fluido eléctrico para poder tomar parte de las operaciones de Poderosa”, mencionó.
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Como se recuerda, en diciembre de 2023, un grupo de criminales acabó con la vida de nueve empleados y dejó heridos a otros trece. A raíz de este trágico incidente, las autoridades gubernamentales decretaron el estado de emergencia en la región por el alto índice de minería ilegal. Actualmente, la provincia cuenta con un contingente de al menos 300 efectivos, entre personal militar y policial, según señaló De la Flor.
El representante de la minera aseguró que estos ataques son resultado de la derogatoria de la ley contra la minería ilegal que realizó el Congreso de la República.
“Hay voluntad política de parte del Ejecutivo, lamentablemente no vemos el acompañamiento del Legislativo. Hay un grupo de congresistas que vienen actuando de manera cercana con estos intereses de los mineros ilegales y que son los responsables de haber derogado el instrumento legal que permitía combatir este terrible flagelo”, precisó.
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Precisamente, hace un par de días fiscales especializados en temas ambientales, junto con alrededor de 650 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas, llevaron a cabo la destrucción de un total de 27 operaciones mineras ilegales durante operativos de interdicción realizados entre el 11 y el 29 de marzo en tres distritos de la provincia de Pataz.
La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de La Libertad señaló que estas 27 actividades mineras ilegales incluían socavones, galerías y almacenes donde se guardaba maquinaria pesada y otras herramientas utilizadas para la extracción de oro, así como áreas destinadas para el almacenamiento de explosivos.
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Todo este equipamiento fue destruido, ocasionando pérdidas millonarias para la industria minera ilegal. Este problema, que afecta a la provincia de Pataz desde hace mucho tiempo, ha generado otros delitos como el sicariato, la extorsión y el cobro de cupos.
Pronunciamiento de la Cámara de Comercio de Lima
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) emitió un comunicado en el que condena el nuevo atentado perpetrado contra la compañía minera Poderosa, ubicada en el distrito de Pataz, región La Libertad, donde se han dinamitado dos torres de alta tensión, pese a que la zona se encuentra en estado de emergencia.
El gremio empresarial “demanda a las autoridades una actuación célere para ubicar y procesar a las organizaciones criminales que están detrás de estos condenables actos que ponen en riesgo vidas y puestos de trabajo”.
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Asimismo, la CCL “espera que el Gobierno mantenga el trabajo iniciado con los gremios empresariales y sindicales, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, y sean efectivamente incorporados al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec)”.
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