Esta mañana, a través de una declaración emitida en TV Perú, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, ha anunciado un ambicioso plan para liberar 21.700 millones de dólares retenidos en diferentes proyectos públicos y privados.
La iniciativa, liderada por el Ministerio del Ambiente (Minam), pretendería agilizar la “tramitología”, según las palabras del titular de la cartera, para dar fluidez a la inversión en el país.
No obstante, tal decisión ha levantado polémica entre especialistas en materia ambiental, así como la sociedad civil, quienes argumentan que podría comprometer las responsabilidades ambientales del Gobierno.
De acuerdo a Castro, la presidenta Dina Boluarte ha dado un fuerte mensaje de prioridad hacia la reactivación económica, resaltando que el plan de desbloqueo de los fondos proyecta un crecimiento económico de entre un 3% y un 3,5% para el año en curso.
En ese sentido, de acuerdo al titular del Minam, con menos restricciones, tanto el sector agrario como otros sectores clave, podrán prosperar y atraer más inversiones.
Los cuestionamientos
Tras el anuncio de Castro, en X (antes Twitter), surgieron rápidamente comentarios respecto a la controversia que radica en la preocupación de que, al acelerar estos proyectos, se puedan pasar por alto las evaluaciones de impacto ambiental, comprometiendo las acciones del Gobierno con la protección del medio ambiente.
Específicamente, las críticas se centran en el delicado equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación de los recursos naturales.
Además, el debate gana relevancia en un contexto cada vez más complejo con la recientemente promulgada “Ley Antiforestal”, norma denominada así por un sector de la sociedad civil, integrado por especialistas, pueblos indígenas y organizaciones en defensa del ambiente, que, aseguran podría perjudicar la preservación de la Amazonía, promover el crecimiento de actos delictivos en territorios indígenas y beneficiar a empresas vinculadas a la producción de palma aceitera, entre otros puntos.
En esa línea, las críticas, entre ellas las de César Ipenza, abogado en materia ambiental, y la Directora del Programa Perú de Environmental Investigation Agency (EIA), Julia Urrunaga, recuerdan a Castro que el Minam tiene la responsabilidad principal de equilibrar la promoción de inversiones con la protección del medio ambiente.
Además, subrayan que la meta del ministerio debe ser fomentar proyectos sostenibles que no solo contribuyan a la economía, sino que también respeten los ecosistemas del país.
No obstante, este enfoque de sostenibilidad se vería ahora en la cuerda floja, ya que la nueva estrategia implicaría una posible flexibilización en la obtención de licencias ambientales.
Este cambio podría afectar a entidades como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), crucial en el proceso de evaluación y aprobación de proyectos que impactan al ambiente. Esto debido a que se encarga de asegurar que todo desarrollo económico vinculado al ambiente se haga de manera sostenible.
Minam y Midagri: intereses alineados
Durante la entrevista con TV Perú, Castro también aseguró que estas medidas impulsarán el crecimiento en sectores estratégicos, entre ellos el agrario, reflejando una estrategia más amplia de fomento económico, aunque no exenta de controversias por las implicaciones ambientales que conlleva.
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