Este viernes 22 marzo, la Nación Wampís —el primer Gobierno autónomo indígena del Perú— llevará a cabo una movilización pacífica en respuesta a las amenazas de muerte por parte de sicarios que han recibido sus dirigentes. Esto debido a su activa oposición a la minería y la tala ilegal en su territorio.
La acción se realizará en el distrito de Río Santiago, situado en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, zona del país que ha pasado hasta más de 17 meses en estado de emergencia, entre 2022 y 2023, ante el avance de la economía ilegal, sin lograr acabar con esta actividad ilícita y contaminante.
Asimismo, la preocupación se extiende a las familias de los líderes indígenas, quienes viven con el temor de posibles represalias, agresiones o asesinatos a sus seres queridos al salir de su territorio para realizar gestiones en defensa de sus comunidades.
Estado continúa sin llegar a la zona
Desde hace varios meses, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) viene emitiendo alertas sobre la escalada de actividades mineras ilegales en sus territorios, específicamente en el Río Santiago con la localización de 20 dragas y la presencia de individuos sospechosos de efectuar minería sin permiso en la zona de Villa Santiago.
Además, el Pamuk del GTANW, Teófilo Kukush, ha comunicado que, a pesar de haber comunicado estos hechos a las autoridades competentes, a la fecha, no se ha observado una acción concreta del Estado para atacar la creciente problemática, que amenaza sus tierras ancestrales y modos de vida.
Wampís denuncian complicidad entre el Estado y minería ilegal
En el marco de las amenazas, la Nación Wampís ha asegurado también que consideran existe una relación entre el Estado y la expansión de la minería ilegal.
Pues, según argumentan, la actividad ilícita se ha visto favorecida por propuestas legislativas cuestionables. Estas leyes, señalan, benefician al sector minero a costa de los derechos de los pueblos indígenas y la conservación de los bosques.
De acuerdo al Pamuk Teófilo Kukush Paati, estas compañías son fuente de conflictos y problemas para las comunidades nativas. Pues, la preocupación radica en la tensión entre el desarrollo económico impulsado por la minería y la protección de sus derechos y territorios.
Sin embargo, hasta hoy, no ven avances significativos en torno a la implementación de una reforma legislativa y a un enfoque más equilibrado y respetuoso hacia el desarrollo y la conservación, así como un diálogo inclusivo y constructivo entre el Estado, la industria minera y los pueblos indígenas.
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