El Pleno del Congreso aprobó acusar al expresidente Martín Vizcarra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso —alternativamente negociación incompatible— y obstrucción a la justicia. Exmandatario habría incurrido en estos ilícitos en la contratación de Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura.
Tras blindar a la congresista María Cordero Jon Tay, se procedió a sustentar el informe final de la denuncia constitucional contra Vizcarra, que fue aprobado con 85 votos a favor, 4 abstenciones y ninguno en contra.
Las abstenciones fueron de Víctor Cutipa (Perú Bicentenario), Kira Alcarráz (Podemos Perú), Carlos Zeballos (Podemos Perú) y José Pazo (Somos Perú).
De acuerdo con las conclusiones del informe final aprobado, Martín Vizcarra será procesado penalmente por dos hechos:
- Las ordenes de servicio por un monto total de 175.400 soles que ganó ‘Richard Swing’ entre 2018 y 2020 en el Ministerio de Cultura, y
- Los audios que demostrarían que coordinó con Miriam Morales y Karem Roca para manipular los registros de visitas de Palacio de Gobierno para reducir el número de oportunidades en las que Richard Cisneros ingresó a la sede del Ejecutivo
Al exmandatario también se le atribuye a peculado doloso por supuestamente haber utilizado de manera indebida dinero del Estado para favorecer a ‘Richard Swing’.
Alternativamente se le imputa el delito de negociación incompatible ya que en la mayoría de las órdenes de servicio Cisneros “no cumplió con los requisitos mínimos para brindar el servicio, se demostró que muchos de los entregables no se han acreditado mediante documentos u otros”.
Respecto al ilícito de obstrucción a la justicia, el informe final concluye que ha quedado “demostrado” la pretensión de Martín Vizcarra de “concertar la información que se debía proporcionar a la Fiscalía”.
¿Qué sigue en el caso ‘Richard Swing’?
Ahora que el Congreso aprobó levantar la prerrogativa de antejuicio político de Martín Vizcarra, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, deberá formalizar la investigación preparatoria y comunicar dicha disposición al juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
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