
El ministro Alberto Otárola no solo se enfrentaría a la presidenta Dina Boluarte -y posiblemente al Congreso- cuando retorne al Perú esta tarde luego de estar unos días en Canadá para un evento de minería, sino los audios protagonizados tanto por él como por Yaziré Pinedo, serían el punto de inicio de una investigación por una serie de delitos contra la administración pública que lo llevarían más de 10 años a prisión.
Según Cristian Castillo, especialista en contrataciones con el Estado, lo expresado en los audios difundidos por Panorama “no se trata de una irregularidad. No es un tema administrativo, sino de un tema que es un delito que tiene una pena privativa de la libertad de hasta 15 años (...) Colusión agravada”.
En conversación con Exitosa, el experto definió el presunto delito cometido por Otárola como “un funcionario se ha interesado en la contratación de un bien, de una obra o de un servicio para beneficiar a un tercero en detrimento del Estado”.
Castillo también recordó que, según lo que se da a entender de la conversación telefónica, las visitas al despacho del ministro y las contrataciones posteriores, “el encargado de las contrataciones de la PCM le ha enviado una solicitud de cotización (a Yaziré Pinedo), ya hay un indicio revelador de un acto criminal que es colusión agravada”.

Uso de vehículos del Estado para seguimientos a Pinedo
Pinedo también habría sido víctima de reglajes por parte del ministro Otárola según información revelada por Panorama en enero del año 2024. Según lo indicado por ella misma en un audio al que accedió Panorama, a su casa llegó una fotografía de ella cuando salía de su departamento a realizar unas compras.
El mismo programa también confirmó que un vehículo de inteligencia de la Policía Nacional se estacionó cerca a la vivienda de la mujer. Esto sería un delito adicional cuya autoría sería atribuida a Otárola. El experto en contrataciones indicó que “los vehículos o bienes del Estado no pueden ser usados para pasar a cualquier persona que tenga relación con el funcionario. Los vehículos son para uso en actividades oficiales”
Esto no evitaría que la señorita Pinedo sea investigada por la Fiscalía, pues tiene responsabilidad en la obtención del beneficio que presuntamente fue otorgado a ella luego de reunirse con el ministro Otárola. Castillo indicó que ella, al recibir los contratos por más de 50 mil soles con el Estado, se convierte en cómplice del delito y podría recibir una pena similar a la del presidente del Consejo de Ministros: hasta 15 años de prisión.
De igual forma, los funcionarios implicados en la presunta contratación de Pinedo luego de reunirse con Otárola en su despacho también tendrían la misma responsabilidad en la comisión del presunto delito, por lo tanto, la pena seguiría siendo la misma: hasta 15 años de pena privativa de la libertad.

¿Qué pasaría con otras mujeres supuestamente beneficiadas por el ministro Otárola?
Yaziré Pinedo no fue la única mujer presuntamente beneficiada con contratos con el Estado luego de haber visitado al ministro Otárola en su despacho en Palacio de Gobierno. De hecho, diversas investigaciones periodísticas dan cuenta de hasta siete mujeres más con las que fue vinculado.
Si se demuestra que los contratos que fueron adjudicados a ellas fueron producto de un beneficio proveniente del titular de la PCM todas tendrían la misma responsabilidad que Pinedo en el delito de colusión agravada, por lo que también podrían ser sentenciadas a un máximo de 15 años de pena privativa de la libertad.
Un pronunciamiento emitido por la Fiscalía indica que se han iniciado diligencias preliminares en contra del titular de la PCM por los presuntos delitos de negociación incompatible y patrocinio ilegal. “Ello, por los hechos vinculados a la contratación de Yazire Pinedo Vázquez en el Ministerio de Defensa y por la gestión realizada para su contratación en la Presidencia del Consejo de Ministros”, se menciona en el pronunciamiento.
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