Cada vez falta menos para el inicio oficial del año escolar 2024, programado para el 11 de marzo; sin embargo, casi la mitad de instituciones educativas a nivel nacional no cuenta con la infraestructura adecuada para la vuelta a clases.
Así lo dio a conocer Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, quien indicó que “tenemos muchos locales educativos que no tienen infraestructura adecuada y que necesitan ser, incluso, totalmente demolidos, para poder considerarse como una infraestructura segura. [...] Casi la mitad de colegios públicos tienen que ser totalmente demolidos para volverse a construir”.
Ante esta alarmante situación, la justicia peruana se pronunció esta semana por la presunta negligencia en el cuidado de las infraestructuras educativas, la cual podría impedir el inicio de las clases escolares en varias regiones.
Hasta 15 años de cárcel
El juez Luis Del Carpio Narváez, del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, advierte sobre las graves consecuencias legales que enfrentarían los funcionarios públicos por omisión de funciones y peculado.
Según declaraciones del juez, cuando el dinero destinado a obras en colegios es apropiado o sustraído ilícitamente, el delito no solo es considerado una omisión de funciones sino un grave caso de peculado. “Ahí no hay delito de omisión, sino peculado,” señaló.
El juez Del Carpio también enfatizó en las penas que podrían recaer sobre funcionarios, que van desde la privación de la libertad hasta la inhabilitación perpetua de sus cargos, independientemente de si son ministros o directores de colegio.
Falta de presupuesto y casos de corrupción
Además, el magistrado destacó la diferencia entre los delitos de omisión de funciones y peculado. En el caso del delito de omisión de funciones, se describen aquellos escenarios en que, por desidia, descuido u omisión, no se ha cumplido con la responsabilidad estatal de cuidar los inmuebles destinados a la educación.
“Sin duda hay un tema de falta de presupuesto, pero también hay un tema de mala calidad de los proyectos que se ejecutan, mala priorización de estos proyectos y, probablemente, también algo de corrupción”, agregó la especialista a RPP Noticias.
Estas acciones pueden derivar en penas de hasta dos años de privación de libertad, e incluso en la inhabilitación para cumplir cargos públicos. “Puede, además, inhabilitársele, porque no ha podido cumplir con el Estado, por desidia, descuido u omisión”, enfatizó Del Carpio, ilustrando el amplio espectro de responsabilidades y consecuencias legales que enfrentan los funcionarios.
Este pronunciamiento legal surge en un contexto donde la calidad de la infraestructura educativa es crucial para el desarrollo académico y personal de los estudiantes; ya que, como se ha mencionado anteriormente, las precarias instalaciones podrían afectar a los alumnos en un contexto donde la ola de calor viene sofocando a los peruanos.
Las fallas en el mantenimiento y renovación de las instalaciones no solo comprometen la seguridad y bienestar de la comunidad educativa, sino que también retrasan el progreso educativo del país. Como se sabe, este 11 de marzo, la gran mayoría de instituciones educativas darán inicio al año escolar 2024.
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