Paolo Guerrero extorsionado: Gobierno le otorga protección policial tras negársela y sugerirle contratar escolta privada

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte dispuso este jueves que la Policía Nacional (PNP) brinde protección al futbolista peruano Paolo Guerrero, quien expuso en la víspera una serie de mensajes extorsivos enviados al celular de su madre.

El deportista denunció que la cadena de amenazas empezó el mismo día en que estampó su firma en un contrato con el Club Deportivo Universidad César Vallejo. Los delincuentes están vinculados con ‘Los Pulpos de Trujillo’, una organización criminal con presencia en el norte del país y en Chile.

Guerrero presentó las amenazas en televisión nacional y, horas después, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, anunció que la familia del futbolista tendría “a disposición” la protección de los agentes policiales. Se trata del primer pronunciamiento oficial del Ejecutivo respecto a este caso que ha evidenciado la escalada de violencia en La Libertad, cuya capital, Trujillo, y la provincia de Pataz se encuentran bajo emergencia.

“La mamá de Paolo Guerrero y cualquiera de los 33 millones de ciudadanos en el país tiene el derecho de que su policía los proteja. Si se ha producido esas amenazas, que lamentamos y nos solidarizamos, tienen a la Policía a su disposición para apoyarlos y darles la seguridad del caso”, declaró el premier.

La provincia de Trujillo, con más de 1,1 millón de habitantes, está aquejada por la delincuencia que se ha incrementado en medio de las críticas al gobernador César Acuña. A fines de enero un empresario aurífero fue secuestrado junto a sus dos guardaespaldas y a los pocos días su cadáver fue hallado con una inscripción en el vientre donde decía “por no pagar completo”.

El caso de la intimidación a la máxima estrella del fútbol es la muestra más visible de la extorsión que por años sufren los comerciantes, incluso de pequeños negocios en Trujillo, según han denunciado la cámara de comercio local y otros gremios empresariales. Solo en 2023, la Fiscalía denunció 2.273 denuncias por extorsiones en diversos negocios, usualmente en barrios de clase trabajadora, varias de ellas con explosiones de granadas, dinamitas o el incendio de buses de transporte.

“He estado en ciudades peligrosas, jugando al fútbol, pero nunca en mi vida me pasó esto”, zanjó.