Las recientes declaraciones de Jaime Villanueva ante el Ministerio Público han sido utilizadas por la defensa legal de Patricia Benavides en la demanda competencial, interpuesta contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para bloquear las investigaciones disciplinarias que tiene en su contra, que aún no se resuelve en el Tribunal Constitucional (TC).
El abogado de Benavides, Aníbal Quiroga, presentó ayer un escrito ante el TC para que se tome en cuenta el testimonio de Villanueva. En el documento, al que Infobae Perú tuvo acceso, anotó que lo manifestado por el ‘filósofo’ demostraría que se habría filtrado información sobre los casos de su patrocinada al portal IDL Reporteros.
Luego, Quiroga acusó directamente a la magistrada de la JNJ, Inés Tello, como la responsable de que se difunda un informe sobre el inicio de una indagación preliminar contra Patricia Benavides por los cambios que hizo dentro del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos y el retiro de la fiscal Bersabeth Revilla de la investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides, quien es señalada de liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos.
“Resultando meridianamente claro que la persona que tenía mejor posición para conocer pormenores del caso era la propia miembro instructor a cargo de la investigación preliminar, vale decir, la doctora (Inés) Tello Valcárcel de Ñecco, como se desliza en la propia noticia difundida por el antedicho medio de comunicación”, se refiere.
A juicio del abogado de la suspendida exfiscal de la Nación, se habría vulnerado “de modo flagrante el principio de imparcialidad y la garantía constitucional del debido proceso”.
No obstante, en este escrito se obvia convenientemente otra parte de la declaración de Jaime Villanueva, quien dijo que un magistrado de la JNJ, Guillermo Thornberry, era el ‘topo’ de Benavides en esta institución para saber cómo estaba su proceso de ascenso a fiscal suprema y las respectivas investigaciones que se le abrieron durante su gestión.
De igual manera, tampoco se hace mención que Benavides tenía un operador político en las sombras que iba a conseguirle los votos de la demanda competencial en el TC. Este sería el exministro de Educación del segundo gobierno de Alan García, José Antonio Chang.
“Un par de veces ella mencionó a Chang, el de la San Martín, cuando estaban viendo lo de la demanda competencial en el Tribunal Constitucional. Porque dijo que Chang se iba a encargar de conseguir los votos, especialmente el de Ochoa, porque los demás ya los tenía”, se lee en el documento de lo declarado por Jaime Villanueva.
Según el exasesor, Chang siempre mandaba y financiaba los viajes a Ochoa por intermedio de la Universidad San Martín de Porres, donde es actualmente el rector, hacia el extranjero.
Medida cautelar rechazada
A la espera de que se resuelva el proceso competencial, el Tribunal Constitucional decidió declarar como “improcedente” la medida cautelar de Patricia Benavides para suspender las investigaciones que llevaba en la Junta Nacional de Justicia.
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