Esta semana, el exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, se declaró culpable de los delitos de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada en los casos Caraqueño-Pativilca y La Cantuta. Consultado por el hecho, el abogado del exmandatario, Elio Riera, deslizó que la decisión habría sido una estrategia legal.
“Decidió acogerse por dos variables: o se considera responsable como tal o con la intención de que la pena quede extinta en la medida en que son 19 años y, como bien mencionas, ya transcurrió más del tiempo; entonces sería más un tema de no continuar con el juicio”, mencionó en entrevista con Milagros Leiva.
Aunque consideró muy arriesgado el reconocer los hechos de ese tipo, enfatizó que, pese a ello, en ningún momento mencionó o implicó a su patrocinado, quien también es investigado.

“La pregunta sería la siguiente: cuando lo reconoció, ¿el señor Montesinos hizo referencia al señor Fujimori?”, cuestionó y recordó que la teoría fiscal es que el Congreso de la República creó la ley de amnistía bajo las órdenes de Alberto Fujimori; sin embargo, no se ha considerado investigar a los entonces parlamentarios.
“Bajo la tesis de que el Congreso estaba comprado, también se tendría que haber investigado a ellos. Mi tesis jurídica es que si esa es la tesis de la Fiscalía se tendría que demostrar que el expresidente la creó, pero quien la hizo fue el Legislativo”, agregó.
En ese sentido, insistió en que mantendrán la estrategia de demostrar la inocencia del dictador y demostrar que no está vinculado con los hechos que se le imputan.
Aunque para Riera la decisión de Montesinos “simplifica el caso”, el penalista Andy Carrión considera lo contrario, pues existen aspectos probados dentro del juicio que van de la mano con medidas de coordinación.
“Si ya él (Vladimiro) reconoce su responsabilidad, entonces está reconociendo una participación en los hechos que se vienen investigando, pero estos hechos han estado también relacionados en cierto grado de coordinación o subordinación con Fujimori. Ahí se agrava la situación del expresidente porque se tiene hechos probados admitidos por el propio partícipe”, declaró a Latina Noticias.
“Es como decir que el que disparó reconoce su culpa y el que le ordenó, pues ya está en serias complicaciones. La Fiscalía dice que hubo ciertas coordinaciones entre ambos, entonces la situación es clara”, agregó Carrión.

En declaraciones para El Comercio, el exviceministro Gilmar Andía y el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado opinaron en la misma línea que Carrión.
El primero en mención sostuvo que al reconocerse como autor, “lo que le queda a la fiscalía es probar que el exasesor presidencial despachaba y daba conocimiento de todo lo que hacía al entonces presidente Alberto Fujimori porque dentro de la tesis fiscal se señala que esta era la manera en la que se cometían los crímenes”.
“Aunque la defensa no quiera reconocerlo, estos hechos son considerados, al día de hoy, como delitos de lesa humanidad [...] Estamos hablando de secuestro, tortura y desaparición de personas. Han tenido suerte de que cuando ocurrieron los hechos, el Perú no había firmado el estatuto de Roma”, remarcó.

En tanto, Maldonado refirió que “en un análisis de contexto histórico y judicial, es imposible desvincular los hechos y la participación de Fujimori en el Caso Pativilca”.
“La conclusión anticipada es la aceptación de hechos —no solo del delito, que es la tipificación— y de la pena. Esto podría ser valorado en el momento en el que el Ministerio Público formule su acusación y busque la sentencia para Fujimori”, expresó.
En ese sentido, también cuestionó que la defensa de Fujimori pretenda tomar distancia del término “lesa humanidad” e indicó que, si bien se aplican las penas vigentes en aquella época, puede ser complementada con el contexto de grave violación a los derechos humanos sin representar una violación al derecho internacional.
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