El Ministerio Público intervino este lunes el estadio Monumental del club Universitario de Deportes, ubicado en Ate Vitarte, para acopiar documentos vinculados a la investigación contra miembros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), entre ellos el presidente Agustín Lozano, investigado por traspasar dinero de la institución a diversos clubes de primera y segunda división para presuntos fines ilícitos.
El operativo, a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, ocurre una semana después del allanamiento en Matute, el estadio de Alianza Lima ubicado en La Victoria. Lozano se encuentra incurso en una pesquisa, junto con el directorio de la FPF, por presunta extorsión, coacción y organización criminal.
La misma acusación menciona que los dirigentes “habrían repartido a algunos clubes de fútbol profesionales, de primera y segunda división, y a los clubes departamentales de fútbol, diferentes montos de dinero para que cancelen sus obligaciones y deudas”.
Por este caso, la Fiscalía ha allanado en varias ocasiones la Villa Deportiva Nacional (Videna) y se han programado declaraciones de dirigentes de 14 clubes, entre ellos Alianza Lima, Alianza Atlético, Atlético Grau, Sport Huancayo, ADT, Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso.
Según una resolución difundida por Infobae Perú a inicios de enero, las comparecencias se desarrollarán hasta marzo del 2024. De igual modo, se requiere los testimonios de los presidentes de cinco ligas departamentales (Cusco, Junín, Tacna, Lambayeque y Piura), así como la comparecencia del presidente de la Asociación Peruana de Futbolistas (ASPEFUT), Adrián Zela.
“Al tratarse de una asociación sin fines de lucro, la FPF no puede decidir por sí misma repartir utilidades entre sus miembros. Eso es ilegal”, dijo una fuente a Hildebrandt en sus trece.
El titular de la FPF también enfrenta un pedido fiscal de 6 años y 8 meses de prisión por otra investigación abierta en torno a su gestión como alcalde del distrito de Chongoyape, en la provincia norteña de Chiclayo (2011-2018).
En este caso, Lozano “abusó de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio” en más de 2,8 millones de soles “sin lograr justificar dicho desbalance”, y utilizó a sus familiares y allegados para encubrir los presuntos actos ilícitos, según la Fiscalía. La pesquisa fue formalizada en septiembre de 2022.
A mediados del año pasado, Hildebrandt en sus trece difundió la declaración de un testigo protegido a la Fiscalía contra el crimen organizado, a la que mencionó que la Videna estaba ocupada por trabajadores administrativos de la FPF.
De igual modo, contó que, por orden del directivo, habría una persona encargada de revender entradas para los partidos de la selección, y que esta misma “trabajadora” lideraría un negocio con la venta de uniformes que los seleccionados no emplean en los partidos.
“La señora Norma Rosa Alva Vidal es una operadora de Agustín Lozano en el tema específico de la comercialización de entradas, tanto de partidos amistosos como de partidos oficiales. Ella estuvo involucrada por el tema de reventas que se le hizo al señor Lozano. Asimismo, tengo conocimiento de que últimamente Rosa Alva está pidiendo ropa sobrante de los partidos que juega la selección absoluta y la selección de fútbol”, testificó.
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