El 10 de enero, miércoles, el Congreso de la República dio luz verde a la autógrafa que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una medida que podría facilitar y legalizar la tala de bosques en la Amazonía peruana.
Los autores que presiden la firma son el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, y el segundo vicepresidente y congresista Waldemar Cerrón, señalados por haber quebrantado el reglamento interno del Poder Legislativo.
Esto se debería a la posible omisión de los pedidos presentados el 19 de diciembre del año pasado por las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes, de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, para reconsiderar la votación que aprobó las polémicas modificaciones a la normativa ambiental y de recursos naturales.
Reconsideraciones no aparecen en la página web del Congreso
Tras darse a conocer que el proyecto ya no puede ser observado por el Poder Ejecutivo, ya que es una autógrafa de ley aprobada por insistencia en el Congreso en el Diario Oficial El Peruano, a través de sus redes sociales, la congresista Ruth Luque se pronunció, recalcando que dichas reconsideraciones, que antes se observaban en el portal del Congreso, han desaparecido sin explicación alguna, levantando cuestionamientos sobre la transparencia del proceso legislativo.
Además, manifestó que la ausencia de votación de estas reconsideraciones plantea dudas sobre el cumplimiento de los procedimientos formales establecidos. Pues, el proceso ordinario indica que cualquier reconsideración presentada debe ser sometida a votación en el Pleno del Congreso antes de avanzar en el proceso legislativo.
No obstante, la presunta remoción de las reconsideraciones del sistema indicaría una posible omisión deliberada para facilitar la aprobación de la ley.
Por su lado, la legisladora Susel Paredes también exigió explicaciones a Soto por haber procedido con la firma de la autógrafa sin tomar en cuenta las reconsideraciones presentadas.
Presunta presión a Soto para aprobar la cuestionada ley
De acuerdo a Actualidad Ambiental —portal de noticias de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)— el congresista Edwin Martínez Talavera realizó previamente una solicitud formal al presidente del Congreso para la emisión de la autógrafa de los proyectos de ley 649, 894 y 2315/2021-CR.
Estos, según especialistas, además de aumentar la deforestación de los bosques amazónicos, abre paso al desarrollo de prácticas ilegales —como el tráfico de tierras— y afecta los derechos de los pueblos indígenas. Por tal razón, la acción se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la conservación de los bosques en el país.
Pueblos indígenas rechazan modificación
En diciembre, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) manifestó su rechazo hacia la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763.
La organización indígena, que representa a 2439 comunidades nativas, 109 federaciones y 9 organizaciones regionales, advirtió que los cambios legislativos representan un “grave peligro para los pueblos indígenas” y amenazan con acelerar la deforestación de la Amazonía peruana.
Por ello, los cambios en la ley, aprobados por insistencia del Congreso, levantan las alarmas entre las comunidades nativas que ven en estas modificaciones como un potencial despojo de su territorio y un incremento en la vulnerabilidad de los ecosistemas.
¿Por qué la ley representa una amenaza a la Amazonía?
De acuerdo a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), los cambios sustanciales que trae la nueva legislación, identificada como Ley N° 31973, inciden directamente en la gestión de los bosques en el país, con posibles impactos potenciales sobre el ambiente y las comunidades nativas que dependen de estos.
Según advierte la SPDA, en primer lugar, la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre podría causar la potencial legalización de la deforestación y la degradación de bosques, así como un impacto adverso sobre los medios de vida de las comunidades de agricultores en la Amazonía peruana.
Esto debido a que el cambio en el procedimiento de clasificación de las tierras según la Capacidad de Uso Mayor (CTCUM) facilitaría el camino para legalizar actividades agrícolas que previamente requerían de un análisis técnico más exhaustivo para evitar malas prácticas en el bosque.
En ese sentido, se estaría vulnerando el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, situación que conlleva al incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Perú, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la reducción de la deforestación y el respeto hacia los derechos humanos a nivel mundial.
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