La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, aseguró que recibió información respecto a que la presunta organización criminal que lideraría la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría estado detrás de su suspensión como congresista de la República.
En la audiencia en la que se evaluó el pedido de cese de prisión preventiva, Chávez Chino dio a conocer que, a fin de corroborar dichos trascendidos, iba a solicitar la declaración del exasesor de Benavides y aspirante a colaborador eficaz, Jaime Villanueva.
En efecto, el exfiscal supremo provisional Uriel Terán, antes de dejar el cargo, dispuso el cierre de la investigación preparatoria contra Betssy Chávez, Pedro Castillo, Aníbal Torres, Roberto Sánchez y Willy Huerta.
En su exposición, la exprimera ministra aseguró que los motivos por los que se le impuso prisión preventiva han perdido fuerza con el paso de los meses. Por ejemplo, indicó que nunca se llevó a cabo la pericia a su teléfono celular y no se practicó la toma testimonial de testigos que supuestamente refutarían las declaraciones del chofer y una secretaria de la PCM que sostuvieron que habría solicitado dirigirse a la Embajada de México.
“Ellos dos son las causales por las que a mí me tienen en un penal de máxima seguridad, donde hace 5 meses denuncié tortura. ¿Sabe cuántas diligencias hicieron por el tema de tortura? Ninguna, ninguna. Seis meses me han tenido durmiendo al lado de un silo. No pueden decir que me han dado un trato igualitario”, apuntó.
Por ello, Betssy Chávez solicitó al juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, revocar la prisión preventiva y se le imponga comparecencia restringida. Además, requirió que “inmediatamente” se le dicte impedimento de salida del país porque “no pretendo salir del país, lo que quiero es conocer la verdad y limpiar mi nombre”.
Fiscalía se opone
Al inicio de su intervención, el fiscal Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, alegó que no se cumple con el requisito de 6 meses de plazo para que se evalué de oficio la cesación de la prisión preventiva.
Además, respecto a los elementos para que se dicte la prisión preventiva, Chinchay indicó que el peligro de fuga hacía México no ha cesado toda vez que el presidente de dicho país, Andrés Manuel López Obrador, sigue dando mensajes a favor de Pedro Castillo, a quien considera perseguido político.
Respecto a los reclamos de Chávez sobre al cierre de la investigación preparatoria, el fiscal indicó que la investigada pudo haber solicitado al fiscal Uriel Terán reconsiderar su decisión e incluso interponer una tutela de derechos ante el Poder Judicial.
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