Javier Pacheco en la Procuraduría: una historia de represalias y renuncias en la PGE

Desde que el Gobierno de Dina Boluarte nombró a Javier Pacheco como el nuevo Procurador General del Estado, llamó la atención la ola de renuncias que sobrevinieron su designación, y dejaron la entidad diezmada; el caso ha llegado a tener tal alcance y cuestionamiento que las explicaciones emitidas por la institución respecto a las renuncias en todo nivel de la PGE han generado una alerta respecto a los casos que maneja y lo crucial que son en el marco de las investigaciones contra el Gobierno de turno.

El último 16 de diciembre, se emitió la resolución que disponía el nombramiento de Pacheco como reemplazo de Daniel Soria en la institución. Un día antes, al anunciarse su nombramiento, empezó el remezón dentro de la misma institución y en el transcurso de la semana siguiente, uno a uno, los funcionarios de carrera de dicha institución fueron renunciando.

Entre estas renuncias, existen cuatro muy importantes. El primero de ellos es el del abogado Omar Rojas Silva, quien ejercía la labor de director en la ahora desactivada Unidad de Altos Funcionarios; unidad en la que reposaban casos de alta envergadura, como las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola; y medio centenar de funcionarios del Ejecutivo, entre congresistas y otros altos cargos de ministerios.

El hecho fue reportado en su momento por este medio. Sin embargo, la estrategia de desbaratamiento de unidades en la institución no solo habría sido usada en beneficio de la presidenta y el primer ministro; sino también en beneficio de sí mismo.

Fuentes de Infobae Perú señalaron el especial interés de Pacheco en que se tramite la “renuncia” de dos abogados funcionarios que laboraban en la Oficina de Control Funcional de la Procuraduría General del Estado. Estos son el exdirector de dicha área, Jorge Pasco Loayza; y Roxana Paz Cárdenas, quien ejercía el cargo de Jefa de la Unidad de Evaluación, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional de la PGE.

Pero, ¿qué importancia tienen estas dos renuncias y por qué los cambios suponen una grave afectación para la institución? Pues que estos dos funcionarios forman parte del área encargada de investigar los actos de corrupción que pesan sobre Javier Pacheco, a quien se le abrió un proceso en abril de este año por presuntamente interferir en la contratación de una mujer para su despacho.

El caso terminó a ser tan cuestionable y escandaloso, que la misma PGE inició las investigaciones respectivas. Mientras que Paz Cárdenas era la encargada de investigar el hecho; Pasco Loayza fue el encargado de presidir la oficina ante la que la procuradora que investigaba a Pacheco rendía cuentas. Este 18 de diciembre, el mismo Pacheco, contraviniendo toda transparencia y confiabilidad, pidió la renuncia directa de ambos procuradores.

Según esta fuente, ambas renuncias suscitadas tanto por parte de Roxana Paz Cárdenas, como de Jorge Pasco Loayza, dos de los ocho funcionarios que se separaron de la Procuraduría General del Estado, habrían surgido a pedido del mismo recién designado procurador Javier Pacheco. “Estas dos renuncias son por pedido de él” señalaron en conversación para Infobae Perú.

El mismo hecho fue corroborado por un contacto distinto, que aseveró que dichos actos sí constituirían una represalia por las investigaciones que llevaban Paz y Pasco; cuyas salidas se hicieron oficiales mediante las resoluciones N° D000634-2023-JUS/PGE-PG (en el caso de Jorge Pasco Loayza); y la resolución N° D000635-2023-JUS/PGE-PG (en el caso de Roxana Paz Cárdenas).

Llama la atención la manera en la que se ha procedido no solo en estos dos casos, sino también en las otras seis “renuncias”. Si bien las resoluciones precisan la existencia de unas cartas presentadas por cada uno de estos funcionarios y se centran en aceptarlas sin brindar mayor detalle del hecho; fuentes de este medio aseveraron que dentro de la institución existieron una serie de condicionamientos y presiones; y que estos también se habrían extendido a muchas otras áreas dentro de la PGE.

Estas dudas se acrecientan luego de que este medio lograra acceder a una serie de documentos que mostrarían de mejor manera las motivaciones e intenciones de Pacheco por retirar a los dos abogados de la institución y que será ampliada a cabalidad en siguientes publicaciones de Infobae Perú.

Cargos clave bajo amenaza

Otro de los funcionarios cuya salida ha representado una baja crucial para la institución es la del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la PGE, Napoleón Fernández Urcia, quien fue cesado del cargo mediante la misma modalidad de “aceptar renuncia” el último 20 de diciembre. La principal preocupación por este hecho recae en que esta oficina de Asesoría Jurídica es la que se encarga de revisar la idoneidad de las contrataciones dentro de la institución.

Este medio también ha podido tomar conocimiento de que ante la salida de Fernández del Área Jurídica, también le seguirían otras áreas como la de comunicaciones, sin contar con la disolución del órgano encargado de representar a todos los peruanos en los procesos de altos funcionarios.

Un procurador sin respuesta

Este medio buscó contactarse con el ahora titular de la Procuraduría General del Estado, Javier Pacheco, por medio del área de comunicaciones; sin embargo, la única respuesta recibida ha sido que dicho funcionario, sumido entre críticas y cuestionamientos, se niega a dar mayores declaraciones; dejando la transparencia de la institución críticamente afectada.

En cambio, lo que sí ha desplegado la Procuraduría General del Estado es un comunicado en el que anuncia la presunta existencia de una “duplicidad de funciones” que habría afectado la institución; y que, ante ello, se ha convocado a la intervención de a Contraloría General de la República (CGR) para que “disponga las acciones de control respectivas y determine responsabilidades de ley”.

Sin embargo, lo que el comunicado no detalla, es que ya existe un funcionario de la CGR dentro de la Procuraduría. Este es Luis Miguel Iglesias León, quien ejerce el cargo del representante de la Contraloría en el Consejo Directivo de la PGE y que, en ningún momento de su gestión, hizo mención alguna respecto a esta presunta duplicidad de funciones e irregulares durante su gestión.