El Poder Ejecutivo ha establecido un nuevo plazo para que los catedráticos en el país completen sus estudios de posgrado. Los profesores universitarios tendrán hasta diciembre de 2025 para obtener sus títulos de maestría o doctorado.
Esto pese a que la Ley Universitaria, que data de hace casi diez años imponía requisitos de titulación avanzada para los profesores universitarios, tales como los grados de maestría y doctorado.
La reciente disposición modifica temporalmente dicho establecimiento, permitiendo que educadores que aún no han alcanzado esos niveles académicos puedan continuar ejerciendo la docencia en las universidades peruanas.
Nuevos golpes contra la Ley Universitaria
El retraso de la exigencia del grado de maestro para profesores universitarios, previsto en la Ley Universitaria desde 2014, afronta su tercer aplazamiento. El mandato —estipulado desde julio de 2014— determinaba que los docentes, tanto ordinarios como contratados, deberían contar con el grado de maestro para impartir clases a nivel de pregrado y poseer el grado de maestro o doctorado para enseñar en posgrado.
No obstante, la normativa recientemente publicada ha establecido un plazo definitivo que se considera de “carácter excepcional” para la realización de determinadas acciones o cumplimiento de requerimientos específicos.
Este marco temporal representa una ocasión única según el documento, proporcionando una última oportunidad para acogerse a las condiciones o beneficios que ofrezca la norma en cuestión.
Asimismo, el antiguo funcionario recordó, a través del mismo medio de comunicación, que el objetivo de la Ley Universitaria no es proteger intereses específicos de individuos, sino “garantizar que sus estudiantes tengan docentes que hayan sido evaluados con la misma vara”, subrayando la importancia de una evaluación justa y uniforme como parte de las políticas de calidad educativa en el país.
Línea de tiempo sobre cuestionables proyectos educativos
En 2015, el Tribunal Constitucional estableció inicialmente un periodo de cinco años para que los catedráticos universitarios se ajustaran a ciertos requerimientos impuestos en una reforma educativa.
No obstante, frente a las circunstancias presentadas por la pandemia de COVID-19, dicho plazo se extendió un año más, hasta finales de 2021.
Posteriormente, el Congreso —apoyado por las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre— aprobó una segunda extensión del plazo hasta fines de 2023, en una votación que culminó con 84 votos a favor.
Pero, las acciones del Parlamento en torno a estas medidas que subrayan la tensión entre la búsqueda de estabilidad laboral para los educadores y la necesidad de mantener altos estándares de calidad y competencia en la enseñanza no queda ahí.
Pues, en el actual periodo han aprobado otras legislaciones que siguen generando controversia en el ámbito de la educación.
Una de las medidas tomadas es la reincorporación automática y sin criterios evaluativos de aquellos docentes interinos que fueron cesados en los años 2014 y 2015 por no superar las evaluaciones correspondientes. Además, la extensión del bachillerato automático hasta marzo del 2024 ha sido aprobado, lo cual ha sido señalado como un detrimento para la investigación y el mérito académico, entre otras.
¿A quiénes favorece la nueva disposición?
El Ministerio de Educación (Minedu) reveló que, a finales del 2022, el 20% de los catedráticos del país no poseían grado de maestría.
La estadística detalló que de ese porcentaje, solo 12% había alcanzado el nivel de bachillerato, mientras que el restante 8% contaba con título profesional, impactando directamente en la calidad de la educación universitaria.
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