El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha promulgado nuevas medidas especiales contra la extorsión, una actividad delictiva que ha sido denunciada en Perú hasta 11 mil veces en lo que va del 2023, pero ha atemorizado a millones de ciudadanos.
A través del Decreto Legislativo 1611, publicado este 21 de diciembre en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se aprobaron medidas especiales para la prevención e investigación de este delito, y sus conexos. Para ello, se modificarán el Código Penal y el Código Procesal Penal.
La aplicación de las nuevas acciones en contra la extorsión y crímenes relacionados es en todo el país, incluyendo “espacios geográficos delimitados como áreas, recintos o zonas de exclusión, o de régimen especial administrativo u otros ámbitos, o el ciberespacio”.
Banco de voces
Entre estas medidas, que estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), destaca la implementación de un ‘banco de voces’ en busca de tener un registro multimedia de las amenazas y mensajes que hagan los extorsionadores, para así analizarlas y compararla con las que se tienen de casos sin resolver.
“El Reglamento determina los procedimientos y la implementación de este mecanismo a través de un banco de voces, a cargo de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. La toma de muestra se realiza en el marco constitucional”, continúa el texto.
Confesiones sinceras
Si en medio de las diligencias para el levantamiento y recojo de muestras, un miembro de la PNP graba una confesión sincera de uno de los delincuentes que se dedican a la extorsión, este material, ya sea en audio o vídeo, podrá ser utilizado como prueba en el marco de una eventual investigación y proceso liderado por el Ministerio Público.
Extorsión en el aparato público
La medida alcanza también al funcionario público que participe en una huelga en busca de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida. Esto será sancionado con la inhabilitación y un pena no menor de 15 ni mayor de 25 años.
“El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener a las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”, se lee en la norma.
Cadena perpetua
Si uno de los extorsionadores toma de rehén a su víctima para obtener una ventaja económica u otro beneficio, se podrá ordenar el internamiento al penal de entre 20 a 30 años y cadena perpetua contra el delincuente siempre y cuando se evidencien estos agravantes:
- Rehén menor de edad o mayor de 70 años.
- Rehén es persona con discapacidad y el delincuente se aprovecha de esta circunstancia.
- Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto.
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