El debate en torno a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre continuará en el Congreso de la República. Esto luego que las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes presentaran dos pedidos para reconsiderar la votación, que aprobó la semana pasada en el Parlamento, las polémicas modificaciones a la normativa ambiental y de recursos naturales, que promueven y legalizan la deforestación en la Amazonía peruana.
Con ello, la aprobación definitiva de la ley quedaría en pausa hasta que la representación nacional examine los argumentos de las legisladoras en el próximo pleno parlamentario.
Tanto Luque como Paredes respaldan la posición de más de 80 organizaciones sociales, quienes han manifestado su firme oposición contra la reciente modificación de la Ley Forestal, ya que, según advierten, elevaría los riesgos de perpetuación de prácticas ambientalmente dañinas por parte de empresas implicadas en casos de deforestación.
¿Por qué hay tanto rechazo contra los cambios a la Ley Forestal?
Las organizaciones ambientales e indígenas explican que los cambios aprobados a la Ley Forestal representan un mal precedente jurídico y social.
Esto debido a que, con las modificaciones aprobadas, se otorgaría impunidad a corporaciones responsables de la deforestación en la Amazonía peruana a través de la suspensión de la obligatoriedad de la zonificación forestal.
Esta herramienta era clave para asegurar la conservación y el uso sostenible de los bosques; sin embargo, ahora ya no sería un criterio indispensable en los trámites para la concesión de licencias y permisos en áreas forestales a favor de las actividades agropecuarias.
Por tal motivo, esta situación implicaría efectos negativos duraderos en la lucha contra la deforestación y la preservación del ambiente.
En esa línea, la sociedad civil organizada también alerta que, con los cambios a la Ley Forestal, el país estaría rompiendo compromisos internacionales medioambientales que ha suscrito, entre ellos la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ (Reducción de las emisiones de la deforestación) y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Este incumplimiento podría afectar a la imagen del Perú en la esfera internacional y sus relaciones comerciales y esfuerzos de conservación ambiental.
¿A quiénes beneficiaría más la polémica Ley Forestal?
César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, en una entrevista con Infobae Perú, explicó que los más favorecidos con los cambios a normativa serían las empresas de monocultivo y otras implicadas en deforestación previa.
Además, señaló que bajo la nueva ley, los predios privados con títulos de propiedad o constancia de posesión, otorgables por gobiernos regionales, ya no necesitarán la clasificación de tierras. Según Ipenza, esto representa una forma de legalizar y fomentar la impunidad frente a la deforestación ya cometida.
Pueblos indígenas denuncian violación a sus derechos
En el marco de los efectos dados por la modificación de la Ley Forestal, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a más de 2.000 mil comunidades nativas amazónicas, ha declarado que la acción legislativa se llevó a cabo sin tomar en cuenta el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, violando las leyes nacionales e internacionales que protegen sus derechos colectivos.
En tal sentido, ha recalcado que lo más peligroso de los cambios a la normativa radica en el atentado contra los bosques, que juegan un papel crucial para mitigar los impactos de la crisis climática.
Y, por otro lado, en la preservación de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci), y la expansión de las actividades extractivas ilegales, que, por efecto, incrementaría la vulnerabilidad de los territorios indígenas.
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