
La falta de una estrategia anticorrupción eficaz está causando una expansión sin precedentes de las organizaciones criminales en la cuenca del río Amazonas, —la más grande del mundo, con 7 millones de kilómetros cuadrados—, que se extiende por Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Surinam y Venezuela.
Así lo advierte un informe “Amazon Underworld - Economías Ilegales en el bosque tropical más grande del mundo”, elaborado entre el proyecto periodístico Amazon Underworld, Amazon Watch y la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), quienes recogieron datos y comentarios de líderes y organizaciones indígenas de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil, entre abril de 2022 y julio de este año, que demuestran que las economías ilegales, tales como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas, están rebasando los ámbitos de control de los estados nacionales.
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Una realidad que afecta de manera cada vez más compleja a los pueblos indígenas y otras poblaciones amazónicas que viven en la cuenca amazónica, que ocupa casi el 40% del continente sudamericano.

¿Cuáles son los resultados más alarmantes del estudio?
Según el informe periodístico, las organizaciones criminales internacionales han aumentado su control político y económico en la Amazonía, utilizando una estrategia de “diversificación productiva”, donde los ingresos del narcotráfico se reinvierten en la minería ilegal. Dos actividades directamente relacionadas con la trata de personas, el lavado de activos y el tráfico de tierras.
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Asimismo, se señala que la ausencia de instituciones estatales y su presunta complicidad con organizaciones criminales en diferentes zonas de la Amazonía han permitido a las redes criminales dominar la selva y, por ende, establecer operaciones económicas que sobrepasan los presupuestos de los gobiernos, incluyendo a Perú, para intentar combatirlas.
En esa línea, se menciona la presencia del Comando Vermelho. La peligrosa organización criminal surgida en Brasil que ha desplazado a las mafias locales de la triple frontera amazónica y habría tomado el control de la producción de cocaína en el lado peruano, que opera, sobre todo, en la región de Ucayali.
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De acuerdo a la publicación de Amazon Underworld, los integrantes de dicho comando se dedicarían al narcotráfico, contrabando de insumos regulados, sicariato y tráfico de armas, teniendo influencia en comunidades nativas originarias, donde reclutarían a miembros para participar en operaciones de tráfico de drogas, entre ellos niños y niñas indígenas.
En ese sentido, se recalca que a pesar de que existen proyectos y programas desplegados por las autoridades para combatir la producción de cocaína y el narcotráfico en la región, la presencia del Comando Vermelho y otras organizaciones criminales continúa creciendo en la Amazonía peruana, siendo las comunidades indígenas las más vulnerables.
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Los daños en la región amazónica de Perú
Ricardo Pérez Bailón, asesor de comunicaciones de Amazon Watch en Perú, —quien también colaboró con la investigación periodística— conversó con Infobae Perú para detallar algunas de las acciones llevadas a cabo por las organizaciones criminales que operan en la región amazónica peruana.
De acuerdo a Pérez, este problema se agudiza a través de la complicidad, la cooptación y promoción de las autoridades locales sobre el avance de las economías ilegales al otorgar derechos sobre los territorios indígenas amenazados.
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Por último, el representante de Amazon Watch en el país recordó que, bajo el contexto de violencia por parte de las redes criminales internacionales, los pueblos indígenas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Pasco, Junín y Huánuco están siendo los más vulnerables.
“Se están conformando guardias indígenas donde la violencia es más fuerte, ese es un mecanismo que está avanzando cada vez más. Otra cosa que está funcionando son los sistemas de monitoreo y patrullaje forestal por parte de comunidades nativas organizadas para avisar a las autoridades. Esto es sumamente importante, porque es justamente lo que nosotros hemos visto está funcionando de alguna manera [para combatir el avance de las economías ilegales] y son las cosas que el Gobierno está apoyando poco”, afirmó.
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