El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) consideró este jueves que el país está tomado por “garras criminales” y volvió a pedir su excarcelación a un año de su fallido autogolpe, un episodio que originó su declive, pero al que no mencionó en su mensaje.
“Hace un año, el Perú fue testigo del secuestro que sufrí a manos de los grupos delincuenciales que hoy ejercen un control corrupto sobre nuestro país. Usurparon la voluntad de mi pueblo tras arrebatarle su voto, y cuando este se alzó en protesta, fue masacrado”, señaló el exmandatario en su plataforma de X, antes Twitter.
“Pueblo peruano: mantengamos la esperanza encendida, perseveremos en nuestra lucha para liberar a nuestra patria de las garras criminales que amenazan nuestro futuro. ¡Aquí nadie se rinde! ¡Libertad y restitución!”, siguió el sindicalista del magisterio.
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El mensaje fue difundido mientras centenares de manifestantes marchaban para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, su exaliada política a la que ha acusado de tener “las manos manchadas de sangre”, además del cierre del Congreso.
Aunque las protestas, convocadas por organizaciones sociales y sindicatos, no fueron numerosas en ningún punto, sí se reprodujeron en varias partes de la geografía peruana con el motivo común de expresar el descontento con las autoridades.
Más temprano, Boluarte participó en la ceremonia por el ´Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia´, que ha instaurado su Gobierno cada 7 de diciembre. Frente a autoridades civiles y militares, señaló que en la historia peruana hubo sucesos que pusieron “a prueba la entereza, el carácter y las convicciones” de la sociedad.
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“El 7 de diciembre del 2022 es una de esas fechas”, dijo antes de añadir que “el Perú y su frágil democracia se asomaron al abismo”. También remarcó que, sin embargo, las instituciones y la sociedad civil “respondieron con firmeza al fallido intento de subvertir el orden constitucional y defendieron” la democracia ante el anuncio de Castillo de que iba a cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto.
Boluarte recordó que, por ser la vicepresidenta de Castillo, le “tocó asumir con lealtad” la sucesión constitucional, “consciente de la enorme responsabilidad” de ser la primera jefa de Estado, pese a que su gestión está inmersa en una crisis permanente que ha golpeado casi todos los frentes, del económico al político y social, y ha llevado a que tenga una alta desaprobación ciudadana.
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Boluarte respondió horas más tarde que esta denuncia es una “deleznable maniobra política” con la que Benavides pretende “distraer la atención” ante una red criminal denunciada en la cúpula fiscal para coordinar ilícitamente con congresistas la inhabilitación de su antecesora, Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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