Pedro Castillo, un año después de su declive, dice que el país está tomado por “garras criminales”

El exmandatario se pronunció desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido por delitos de rebelión y conspiración.

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Audiencia del lunes 4 de diciembre para ver la solicitud de cese de la prisión preventiva presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión. | Justicia TV

El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) consideró este jueves que el país está tomado por “garras criminales” y volvió a pedir su excarcelación a un año de su fallido autogolpe, un episodio que originó su declive, pero al que no mencionó en su mensaje.

“Hace un año, el Perú fue testigo del secuestro que sufrí a manos de los grupos delincuenciales que hoy ejercen un control corrupto sobre nuestro país. Usurparon la voluntad de mi pueblo tras arrebatarle su voto, y cuando este se alzó en protesta, fue masacrado”, señaló el exmandatario en su plataforma de X, antes Twitter.

Se trata del primer pronunciamiento alusivo al 7 de diciembre de 2022, cuando orquestó un autogolpe que no encontró el respaldo de ningún sector y, minutos después, fue destituido por el Parlamento, detenido por su escolta y recluido en prisión por los delitos de rebelión y conspiración.

“Pueblo peruano: mantengamos la esperanza encendida, perseveremos en nuestra lucha para liberar a nuestra patria de las garras criminales que amenazan nuestro futuro. ¡Aquí nadie se rinde! ¡Libertad y restitución!”, siguió el sindicalista del magisterio.

infobae

El mensaje fue difundido mientras centenares de manifestantes marchaban para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, su exaliada política a la que ha acusado de tener “las manos manchadas de sangre”, además del cierre del Congreso.

Aunque las protestas, convocadas por organizaciones sociales y sindicatos, no fueron numerosas en ningún punto, sí se reprodujeron en varias partes de la geografía peruana con el motivo común de expresar el descontento con las autoridades.

En Ayacucho y Juliaca, donde decenas de personas murieron en los enfrentamientos con las fuerzas del orden, se recordaron a los fallecidos con pancartas y fotos (49 por enfrentamientos con las fuerzas del orden y una veintena por sucesos vinculados a las manifestaciones).

Más temprano, Boluarte participó en la ceremonia por el ´Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia´, que ha instaurado su Gobierno cada 7 de diciembre. Frente a autoridades civiles y militares, señaló que en la historia peruana hubo sucesos que pusieron “a prueba la entereza, el carácter y las convicciones” de la sociedad.

Fotografía de archivo que muestra a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John G. Mabanglo ARCHIVO
Fotografía de archivo que muestra a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John G. Mabanglo ARCHIVO

“El 7 de diciembre del 2022 es una de esas fechas”, dijo antes de añadir que “el Perú y su frágil democracia se asomaron al abismo”. También remarcó que, sin embargo, las instituciones y la sociedad civil “respondieron con firmeza al fallido intento de subvertir el orden constitucional y defendieron” la democracia ante el anuncio de Castillo de que iba a cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto.

Boluarte recordó que, por ser la vicepresidenta de Castillo, le “tocó asumir con lealtad” la sucesión constitucional, “consciente de la enorme responsabilidad” de ser la primera jefa de Estado, pese a que su gestión está inmersa en una crisis permanente que ha golpeado casi todos los frentes, del económico al político y social, y ha llevado a que tenga una alta desaprobación ciudadana.

La semana pasada, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la denunció constitucionalmente ante el Congreso por cuatro muertes en las prota la mandataria, una acusación que salpica también al primer ministro, Alberto Otárola, y a tres exministros del Interior.

Boluarte respondió horas más tarde que esta denuncia es una “deleznable maniobra política” con la que Benavides pretende “distraer la atención” ante una red criminal denunciada en la cúpula fiscal para coordinar ilícitamente con congresistas la inhabilitación de su antecesora, Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

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