La Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Diana Vargas Quiñones, ha solicitado la investigación de once fiscales especializados en materia ambiental de Madre de Dios.
Los motivos responden a un pronunciamiento que los representantes del Ministerio Público emitieron el 3 de noviembre para dejar clara su posición en contra de cuatro propuestas legislativas que favorecen la minería ilegal y suponen una amenaza para los esfuerzos de combate de esta economía ilegal vinculada al crimen organizado, que atenta contra los derechos humanos, la salud pública y el ambiente.
En el documento —dirigido al Poder Ejecutivo, el Congreso, organismos institucionales, sociedad civil, entre otros—, los fiscales advierten que la aprobación de los proyectos de ley promovidos por los congresistas José Williams Zapata del partido Avanza País, Jorge Marticorena y Guido Bellido de Perú Bicentenario, así como Jorge Flores Ancachi de Acción Popular buscan extender el proceso de formalización de la minería.
Además, señalan que la posible ejecución de las normativas podrían acentuar el grave impacto ambiental, específicamente en Madre de Dios, la región donde se registra una intensa destrucción de bosques, la contaminación de ríos, y el auge de crímenes como sicariato y trata de personas.
Proyectos de ley prominería ilegal avanzan en el Congreso
El dictamen recaído en los Proyectos de Ley 2172, 2519, 3621 y 5171 ya están listos para debatirse en el Pleno y, de ser aprobados, esperan tener luz verde en el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, las reformas propuestas suscitan preocupación entre los fiscales, ya que estas buscan plantear una reforma del Decreto Legislativo 1100 para prevenir la destrucción de maquinaria en minería ilegal.
Y, por otro lado, modificarían las condiciones de acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), así como establecer un nuevo plazo de inscripción. Esto, debido a que el Reinfo dejó de aceptar inscripciones en septiembre de 2020.
Según los especialistas en la materia legal, esta situación podría perpetuar el proceso de formalización, desvirtuando el carácter temporal y excepcional del registro administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que, como se recuerda, permite a las empresas y negocios dedicados a la pequeña minería y minería artesanal formalizarse a fin de combatir la minería ilegal.
En esa línea, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), a través de su portal Actualidad Ambiental, recuerda que el proceso de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal tiene más de 20 años sin resolverse, desde el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo, en 2002, con la promulgación de la Ley 27651.
Investigación contra fiscales durará 30 días hábiles
La indagación, que se estima durará aproximadamente 30 días hábiles, se enfocará en “conocer con certeza los hechos ocurridos” para verificar posibles faltas disciplinarias. Esta medida busca garantizar la adherencia a los protocolos y a la normativa de la carrera fiscal en el desempeño de las funciones relacionadas con el medio ambiente
De acuerdo a la Oficina Descentralizada de Control Interno de Madre de Dios, el objetivo de la investigación es determinar si existe alguna falta disciplinaria sujeta a sanción, relacionada con la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, por presuntamente no informar a la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Diana Vargas Quiñones, sobre ciertos pronunciamientos.
Los fiscales involucrados en el proceso son Bautista Yama, Troca Mamani, Esther Daza Vera, Russo Nuñez Miraval, Luz Apaza Terán, Herbert Vilca Achahui, Rubén Alarcón Silva, Milagros Coaquira Villasante, Dora Guadalupe Ramos, Grimaldo Paniagua Illaconza y Rodolfo Mancilla Gonzáles.
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