Alberto Fujimori: Fiscalía solicita prisión domiciliaria contra el expresidente por el caso Pativilca

El expresidente Alberto Fujimori, recientemente excarcelado por decisión del Tribunal Constitucional y aprobación del Poder Ejecutivo, aún tiene pendiente enfrentar un proceso judicial por la matanza de Pativilca, cuyo juicio oral se realizará el 18 de diciembre.

Como se recuerda, al expresidente del Perú se le acusa de secuestro, tortura y asesinato de seis comuneros, en un hecho perpetrado por el Grupo Colina en 1992.

Recientemente, la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha solicitado para el exdictador un periodo de 18 meses de detención domiciliaria. El pedido de detención lo realiza la fiscal Raquel Cárdenas, frente al peligro procesal, de fuga u obstaculización de la justicia.

El abogado de Fujimori, Elio Riera, anunció que el expresidente condenado por crímenes de lesa humanidad no saldrá del país “por salud”. También manifestó: “Vamos a demostrar su inocencia. Estoy seguro de que vamos a ganar ese caso”. La denuncia por el caso de Pativilca data desde 2015.

Mientras tanto, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) también habría anunciado solicitar ante el Poder Judicial que la medida cautelar de Fujimori sea modificada de comparecencia con restricciones a detención en relación con este caso.

El exmandatario Alberto Fujimori afronta la posibilidad de condena por el caso Pativilca, a pesar de haber recibido un indulto en 2017. Dicha gracia no incluye este caso específico, lo que abre la puerta a responsabilidades penales pendientes. El Tribunal Constitucional, a través del exmagistrado Eloy Espinosa-Saldaña, indicó que la condena podría materializarse si se demuestra su culpabilidad en el juicio que actualmente enfrenta.

El indulto, concedido por razones humanitarias, no opera como un blindaje absoluto frente a acusaciones futuras, específicamente no abarca el caso Pativilca, donde Fujimori aún puede ser juzgado y, potencialmente, perdonado. Esto se debe a que es considerado un enfermo terminal, sin embargo, la justicia sigue su curso.

La Corte Suprema es la entidad designada para revisar el caso, siguiendo directrices de la Corte IDH. Espinosa-Saldaña subraya que la función judicial en el proceso penal no concluye al ser sentenciado, sino al cumplimiento de la pena y el proceso de rehabilitación

El impedimento de salida del país impuesto al exmandatario Fujimori, por 18 meses, se efectuó luego de la decisión del Tribunal Constitucional de restablecer el indulto humanitario, lo que representa una medida cautelar dentro del proceso judicial en marcha. Dicha restricción evidencia que, a pesar de las controversias sobre su liberación, las autoridades judiciales continúan ejerciendo acciones conforme a las investigaciones y procedimientos legales vigentes

El caso Pativilca es uno de los episodios de violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen al gobierno del expresidente peruano Alberto Fujimori, y donde el exdictador ha sido incluido como autor mediato del crimen. Este caso concierne al asesinato de seis comuneros en el poblado de Pativilca, en Barranca, al norte de Lima. Los hechos ocurrieron en enero de 1992, en el contexto del conflicto armado interno en Perú y la lucha del Estado contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Los seis agricultores asesinados fueron: Felandro Castillo Manrique, César Rodríguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Roberto Edgar Villanueva Leiva y Jhon Linder Cateriano Silva. Según las investigaciones, estos fueron interceptados por miembros del Grupo Colina, un destacamento militar acusado de realizar ejecuciones extrajudiciales, y fueron posteriormente torturados y asesinados.

Human Rights Watch hizo un llamado a la comunidad internacional para que ponga atención en el incumplimiento por parte del Perú de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la liberación de Alberto Fujimori.

Según HRW, este acto iguala a Perú con las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, ya que considera que la excarcelación del exmandatario es un desprecio hacia las víctimas de su gobierno y un desafío a las obligaciones internacionales del país. La organización instó a ejercer presión sobre el gobierno peruano para que respete las decisiones internacionales en materia de derechos humanos.