El Poder Judicial programó este miércoles la lectura de sentencia del exasesor Vladimiro Montesinos, imputado por lesiones graves contra Leonor La Rosa, la exagente del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que denunció torturas durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000).
En una audiencia de alegatos finales, la Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria dispuso que el fallo sea conocido el próximo 22 de diciembre a las 9:00 horas, una semana después de que Montesinos ejerza su defensa, el 15 de diciembre.
La programación de lectura de sentencia se ha hecho pública el mismo día en que se aguarda la excarcelación del exdictador, después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara su libertad inmediata, en restitución del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Responsable de la gigantesca red de corrupción que acaparó el Estado en los noventa, Montesinos reapareció en octubre pasado, también en una audiencia judicial, justo después de que Fujimori solicitara que se le reponga la gracia presidencial.
Se mostró somnoliento, tomando anotaciones y, al final de la sesión, requirió reunirse de manera privada con su abogado. De todos los imputados, solo está pendiente la exposición de su defensa.
La denunciante, que solo se puede movilizar en silla de ruedas al quedar parapléjica, reside en Suecia desde 1998, cuando fue considerada como protegida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En junio pasado, Montesinos ya fue condenado a 23 años de cárcel, junto al ex jefe del grupo militar encubierto Colina, Martín Rivas, por el homicidio con agravante de alevosía contra Mariella Barreto, otra exagente de inteligencia.
Según La República, Barreto era investigada por el Ejército por presuntamente revelar un plan secreto para atentar contra el periodista César Hildebrandt y también acusada por sus superiores de haber revelado información reservada sobre la construcción de un túnel que facilitó el rescate de los rehenes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), en abril de 1997.
Entre sus mayores condenas, están 25 años de cárcel por los crímenes de este grupo, creado por él en el contexto de la lucha contra el terrorismo, así como otros 20 años de prisión por la venta ilegal de fusiles comprados en Jordania a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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