Antes de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, declarará hoy ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que la citó para que responda por la grave acusación de liderar una presunta organización criminal, hubo mucha sorpresa en que estuviera acompañada por el exlegislador aprista Jorge del Castillo. Él se presentó como su abogado cuando la titular del Ministerio Público había presentado al letrado Juan Peña como su defensor legal.
La presencia de Del Castillo no pasó inadvertida por los parlamentarios que cuestionaron su presencia en el grupo de trabajo liderado por Wilson Quispe (Perú Libre) porque se encuentra investigado en el caso Lava Jato por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir a raíz de la entrega de 200 mil dólares de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht, al exministro Luis Alva Castro para la campaña electoral de Alan García en el 2006.
“El derecho a la defensa es inherente. En la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a defensa con el abogado de su elección. La señora Fiscal no tiene ningún proceso. (...) He asumido esta defensa Ad honorem porque defiendo a la fiscal y a la democracia. (…) Ese caso que dicen que se cometió fue hace 18 años, y como no pudieron probar nada han involucrado a toda la dirigencia del partido aprista peruano”, dijo el expremier cuando se le criticó por su asistencia a la comisión.
Lo cierto es que el legislador Jaime Quito (no agrupado) tomó este hecho para enviar un oficio a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para solicitarle que abra un nuevo proceso disciplinario contra Patricia Benavides por cometer una presunta falta grave al trasgredir el numeral 11 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal que señala textualmente que está prohibido de “establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros que afecten su objetividad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función fiscal”.
“Esta situación evidencia que la señora fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, habría establecido una relación contractual que implicaría coordinaciones y retribuciones económicas por servicios profesionales o de otro tipo, con el señor Del Castillo Gálvez, contra quien -como se ha señalado- se ha formalizado una investigación preparatoria, conforme se desprende del Expediente 00160-2018-0-5001-JR-PE-01 de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Sexto Despacho Equipo Especial; comprometiendo la objetividad, independencia y adecuada conducta ética que debe guardar como Fiscal de la Nación ante un caso que afecta gravemente el interés público”, se lee en el documento.
Condecoración en la MML
Hay que precisar que sería la fiscal Patricia Benavides ya es investigada por la Junta Nacional de Justicia por hecho similar. Esto porque en marzo pasado recibió una condecoración de manos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por el Día Internacional de la Mujer.
En esa ocasión, Benavides habría infringido el artículo 39, en el inciso 2 de la Ley de la Carrera Fiscal que dice lo siguiente: “Aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuatro grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igual prohibición se aplica en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o capacitaciones de cualquier institución nacional e internacional que tenga juicio en trámite contra el Estado”.
Actualmente, López Aliaga es investigado por el presunto delito de lavado de activos por la fiscal supraprovincial Manuela Villar Ramírez, del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Se encuentra incluido en el caso de un presunto sistema de corrupción en la caja metropolitana durante la gestión de Susana Villarán [2011-2014].
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