
El Poder Judicial exhortó al abogado del expresidente Alejandro Toledo, Roberto Su, a no formular pedidos que puedan dilatar el desarrollo del juicio oral contra el exmandatario por el caso Interoceánica, en el que se le atribuye los delitos de colusión y lavado de activos por presuntamente haber recibido un soborno de más de 30 millones de dólares de Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 del proyecto.
El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional hizo la exhortación al abogado tras resolver un nuevo pedido formulado por la defensa de Toledo para que se varie la modalidad mixta del juicio a una modalidad completamente presencial.
“Se le exhorta al señor abogado. Por favor, continuadamente estamos en este tema que se va convirtiendo poco a poco en actos dilatorios”, manifestó la jueza superior y directora de debates Inés Rojas Contreras.
Según manifestó el letrado Roberto Su, la realización mixta del juicio oral (presencial y virtual) vulneraría el derecho a la defensa de su cliente. Dicho argumento fue rechazado por el tribunal e hizo mención de que se han mostrado tolerantes con las actitudes de Toledo.
“Este órgano jurisdiccional, durante todas las audiencias verificadas hasta la fecha, ha mostrado mucha tolerancia, a pesar de los actos indisciplinados que ha mostrado el señor Alejandro Toledo de manera reiterativa hasta la fecha en las audiencias, los mismos que han quedado grabados en audio. También se le ha exhortado, y mediante resolución, se la indicado que debería tener la conducta adecuada para poder participar dentro del juicio oral”, apuntó la magistrada superior.
Finalmente, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional acordó remitir un oficio a la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para informar sobre la necesidad de que se habilite la sala de audiencias en el Penal Barbadillo.
A mediados de octubre, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior suscribieron un convenio para la instalación de una sala de audiencias en el centro penitenciario que alberga a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Alberto Fujimori.
Testigos complican a Toledo
Este miércoles 22 de noviembre, el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, inició el interrogatorio al expresidente de Alpha Consult, Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, quien formó parte del consorcio que elaboró el estudio de factibilidad de la Carretera Interoceánica.
Hasta el momento, Peñaranda Castañeda ha hecho mención del especial interés político del expresidente Alejandro Toledo y el exministro José Ortiz (Transportes y Comunicaciones) para acelerar la construcción del proyecto adjudicado al consorcio que integraban Odebrecht, Graña y Montero, JJC e ICCGSA.
El último martes se presentó el exgerente general de Graña y Montero, Juan Manuel Lambarri, quien reveló que el exjefe de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, le aseguró que la constructora tenía que pagarle un monto al exmandatario.
“Había una discusión en esa reunión, básicamente, porque Odebrecht había tomado un dinero del consorcio y lo había llevado a su matriz en el Brasil. Yo le dije: ‘Oye, ¿por qué haces eso? Tú no puedes disponer de la plata como te da la gana, etc, etc’. Y, bueno, el señor Luis Meneses Weyll en ese momento agarra y me dice: ‘No, pero nosotros tenemos que hacer pagos. Tenemos que pagarle al señor Toledo’. Eso me lo dijo claramente. ‘Tenemos que pagarle al señor Toledo’. Yo me quedé absolutamente sorprendido (porque) el señor Toledo ya no era presidente del Perú hace algo más de un año. Yo mostré indignación y me retiré de la reunión”, declaró Lambarri ante los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional.
Ya desfilaron por la sala de audiencias de la Corte Superior Nacional los empresarios Fernando Castillo Dibós, José Graña Miró-Quesada y Hernando Graña Acuña.
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