A través de las redes sociales, la Policía Nacional del Perú (PNP) se convirtió en tendencia luego de realizar una publicación donde informa que detuvieron a una mujer por contar con una requisitoria vigente por aborto —en el país solo es legal la interrupción terapéutica del embarazo—. La intervención sucedió en Andahuaylas, por lo que causó la indignación de los usuarios, pero ante las olas de críticas lo eliminaron.
Un post que no es la primera vez que se difunde en este año y genera repudio. En junio compartieron otra fotografía de una mujer por intentar abortar en Loreto y también recibieron diversos cuestionamientos. Una situación que expone y criminaliza a las mujeres que interrumpieron su embarazo; pero además, evidencian las cifras de quienes han sido procesadas por decidir sobre su cuerpo.
Asimismo, algunas congresistas rechazaron la publicación y pidieron la intervención de las instituciones públicas para proteger a la fémina. Una de ella fue la legisladora Flor Pablo, quien señaló que la Policía prefiere “humillarla”. Mientras que Ruth Luque calificó como una “vergüenza” y recordó la inseguridad ciudadana que existe en nuestro país.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció que interviene en el caso para garantizar los derechos fundamentales de la fémina que fue detenida. Asimismo, señaló que la exhibición vulnera su derecho de “presunción de inocencia, incentivando estigmas y señalamientos sociales”.
Cifras que impactan
En el Perú, interrumpir el embarazo por decisión propia está penado y puede recibir una pena máxima de dos años. Un panorama que solo ha causado la desigualdad y la discriminación a las mujeres con menos recursos económicos.
Infobae Perú conversó con Brenda Álvarez, abogada de Proyecta Igualdad, quien reveló las cifras de mujeres que se encuentran inmersas en procesos judiciales por decidir sobre su cuerpo. Ante ello, mostró su indignación por la labor de la PNP.
De acuerdo con el estudio “Nacer con Utero: efectos de la criminalización del aborto” realizado por Justicia Verde y Proyecta Igualdad, revela que existen ocho personas en prisión por el delito de aborto entre el 2016 al 2021.
En este mismo periodo, son 425 personas cuentan con procesos judiciales este delito y 120 están condenadas.
La letrada también precisó que las féminas en situación de pobreza solo tienen la opción de acceder a los servicios inseguros de aborto o ser procesadas e incluso requisitoriadas, tal y como se ha evidenciado esta tarde.
Álvarez hizo hincapié que el acto de la autoridad pone en relevancia la “necesidad de descriminalización del aborto”. “Esta acción de la Policía Nacional representa un acto o una muestra de la discriminación que existe en las instituciones de nuestro país contra las mujeres”, agregó.
Protocolos de seguimiento
La abogada manifestó que las instituciones públicas pueden tomar acciones para que no se vulnere los derechos humanos de esta ciudadana. Asimismo, en representación de Justicia Verde viajaría una abogada para verificar si pueden asumir su defensa.
A su vez, calificó como “vergonzoso” la exposición de la imagen de esta mujer. Como también pidió a la PNP a detener y ubicar a los condenados por abuso sexual y otros delitos.
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