Otro de los polémicos casos de vulneración a los derechos humanos adjudicados al grupo paramilitar formado por el exasesor Vladimiro Montesinos, conocido como “Colina”, finalmente pasa a la etapa de juicio. Esta vez, se trata del Caso Caraqueño - Pativilca, ocurrido en el año 1992, y por el que se comprende también al exdictador Alberto Fujimori junto a otros 21 acusados que habrían conformado dicho grupo paramilitar.
Según lo detallado por la Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria, el inicio del juicio oral contra el expresidente fujimorista ha sido programado para el próximo 18 de diciembre y se encargará de determinar la responsabilidad de Fujimori Fujimori, Montesinos Torres, y compañía, todos acusados por el delito de homicidio calificado con alevosía en contra de un grupo de seis peruanos tomados por asalto por el regimiento Colina y asesinados a sangre fría.
En el marco del inicio de este juicio, se ha citado a una audiencia pública para el sábado 18 desde las 9 a.m; aunque no se llevará a cabo de manera presencial, sino desde la plataforma Google Meet. Pese a ello, el Poder Judicial ha precisado que esta audiencia será pública y se ha dispuesto que se realicen las gestiones pertinentes para que tanto Fujimori como Montesinos, que se encuentran recluidos por otros delitos de lesa humanidad, participen en la instalación del juicio oral.
Tanto el expresidente como el exasesor deberán ser trasladados a la sala de sus respectivos establecimientos carcelarios para participar en las audiencias en las que se revisará el asesinato de Jhon Gilber Calderón Ríos, César Olimpo Rodríguez, Toribio Joaquín Ortiz, Pedro Agüero, Nieves Arias y Felandro Castillo; todos ellos tomados presuntamente por asalto por el grupo paramilitar Colina, que fue conformado por Montesinos durante el régimen del exmandatario.
Este es un caso más de abuso de derechos humanos registrados durante la dictadura de Fujimori en los noventa, que será finalmente revisado después de 31 años de haber sido perpetrados.
Los imputados en el caso
El caso se enmarca en la ejecución del operativo conocido como “Plan Cipango”, en el que, bajo la excusa de la ejecución de “acciones contrasubversivas” en el norte chico, se efectuaron ejecuciones extrajudiciales posteriores al secuestro ilegal de todos los asesinados.
Como responsables de este hecho también se ha sindicado como cómplices a los exagentes Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Julio Rolando Salazar Monroe, Juan Nolberto Rivero Lazo y Federico Augusto Navarro Pérez, a quienes se les sindicó como autores mediatos del delito de asesinato. Mientras que a Alberto Pinto Cárdenas se le imputa el cargo de cómplice primario en el delito de asesinato.
Como coautores del hecho se ha consignado a los agentes Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarleque Ordinola, Haydee Terrazas Arroyo, Nelson Carbajal García, Fernando Lecca Esquen, César Alvarado Salinas, Carlos Zegarra Ballón, Julio Salazar Correa, Juan Vargas Ochochoque, Pedro Santillan Galdos, Gabriel Vera Navarrete, José Alarcón Gonzales, Ángel Pino Diaz y Víctor Hinojosa Sopla.
Seis asesinatos: un mismo modus operandi
Según lo detallado por un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos, el caso recoge las intervenciones realizadas a las casas de las seis víctimas, a las que, en todas las oportunidades, un alto contingente policial se apersonó, ingresando a la fuerza, agrediendo a los familiares de las víctimas y recogiéndolos por la fuerza en camionetas con paradero desconocido.
Todas estas acciones se dieron por la madrugada del 29 de enero de 1992, y de las seis víctimas no se supo nada más hasta que un día después, el 30 de enero del mismo año, a las 6:00 a.m; Jose Luis Agüero, familiar de uno de los desaparecidos logró dar con los cuerpos asesinados extrajudicialmente.
Las seis víctimas fueron encontradas en un cañaveral cerca a la carretera de ingreso a Pativilca, atados de manos y pies y con varios disparos a lo largo del cuerpo.
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