El abogado de Alejandro Sánchez Sánchez, Tomás Gálvez, explicó que la situación legal de su patrocinado en Estados Unidos aún está por verse en el fuero judicial. Como se sabe, el lunes 23 de octubre de 2023, se confirmó que al dueño de la casa de Sarratea, donde Pedro Castillo despachaba clandestinamente en su gobierno, se le negó el asilo político en el país norteamericano.
Sin embargo, su representante legal desmintió la información confirmada por la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi. Aclaró que la canciller se basó en un primer informe que concluyó la policía estadounidense. Pero esta no es la última palabra, ya que Alejandro Sánchez Sánchez solicitará asilo político ante la Corte de Estados Unidos.
Para lograrlo, ya inició el trámite respectivo. Hace falta que las autoridades evalúen su caso y decidan si permanecerá como refugiado o será expulsado a su país de origen o al país desde donde ingresó.
Alejandro Sánchez viene recibiendo asesoramiento legal de una organización dedicada a orientar a personas refugiadas en Estados Unidos. Según el abogado Gálvez, las autoridades norteamericanas comprobaron que su cliente posee un tipo de visa para ingresar a su país y que viajó varias veces a este territorio. Por esta razón, consideraron que se trataba de un caso especial.
En el fuero judicial, el dueño de la casa de Sarratea tendrá la oportunidad de apelar hasta llevar el caso a segunda instancia e incluso presentar un recurso de hábeas corpus, que le permita obtener el asilo político.
Pero esto puede tardar varios meses, tiempo en el que Sánchez permanecerá recluido en un centro de reclusión para personas que solicitan asilo en Estados Unidos.
En ese sentido, Gálvez desmintió que su cliente permanezca retenido porque existe una orden de captura internacional, pues Interpol decidió no hacer efectiva esta acción porque consideraron que detrás de ello habían razones políticas.
“Él no tenía orden de captura internacional, sino que lo detuvieron porque cruzó la frontera irregularmente. Pero la situación es que él tenía visa y tenía múltiples ingresos”, agregó.
Pero no pudo hacer uso de este permiso porque su pasaporte se encuentra incautado por la Fiscalía, quien lo investiga por presuntamente haber brindado un instrumento que sirvió a la organización criminal liderada por Pedro Castillo.
Sobre esta acusación, el abogado aseguró que Alejandro Sánchez cuenta con argumentos para demostrar que es un perseguido político en el Perú.
En esa línea, precisó que el Poder Judicial fue parcial al confirmar que se incaute la casa que posee su cliente, ya que las leyes peruanas no indican que una casa es un instrumento de un delito como integrar una organización criminal.
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