Patricia Benavides amplía plazo de investigación contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por genocidio

Por segunda vez. A dos días de cumplirse el plazo en el que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, comunicaría si presentaría una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y otros ministros para seguir con las diligencias e iniciarles un proceso judicial o archivar la indagación, resolvió ampliar la investigación preliminar por hasta ocho meses.

La investigación por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves también alcanzan al exministro Pedro Angulo, los actuales titulares de Mininter y el Mindef, Vicente Romero y Jorge Chávez Cresta; y dos exministros del Interior: César Cervantes y Víctor Rojas.

Como se recuerda, dicha diligencia inició el pasado 10 de enero por las muertes y lesiones en las protestas desarrolladas en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Posteriormente, el 21 de julio, se añadieron los hechos detonados en Lima, Cusco y Ucayali.

Aunque la investigación se abrió por ocho meses, el 7 de septiembre se dispuso “ampliar excepcionalmente” por 45 días, plazo que terminaba este 25 de octubre, y hoy, por segunda vez, se resolvió la prórroga de las indagaciones. Esta vez, por ocho meses más.

Dicho aumento en el plazo no sería más que una estrategia para evitar dar una opinión, pues, en diálogo con Infobae Perú, los principales defensores de los deudos, Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL); y Gloria Cano Legua, abogada de Aprodeh, advirtieron de la inacción por parte del Ministerio Público al momento de avanzar con el caso.

A ello se le suma el silencio por parte de la jefa de Estado y las respuestas esquivas del premier. Fuentes de este medio confirmaron que, pese a que la presidenta no acudió al Perumin a fin de prepararse para su declaración —según dijo Otárola—, se limitó a decir en una pregunta que “se remitía a sus declaraciones anteriores”, y, posteriormente, dejó de responder.

“Esta investigación ampliatoria corresponde a lo mismo que ya antes he declarado; y que, por tanto, me remito a mil respuestas dadas en la primera declaración, donde no tengo responsabilidad. A partir de ahora voy a ejercer mi derecho a guardar silencio”, expresó la mandataria.

En diálogo con Infobae Perú, el abogado penalista Andy Carrión, sostuvo que la estrategia de Dina Boluarte “pasa simplemente por evitar dar precisiones sobre la sucesión de hechos. Eso lo ha demostrado en su primera declaración, en la que se resguardó en generalidades, en que ella no tenía el comando, que simplemente había dado la orden de que se controlen las protestas, pero siempre salvaguardando los derechos humanos”.

“La situación de que la presidenta simplemente no desee responder, agrava de alguna manera su situación, porque ya ha salido información por parte de otros miembros de las Fuerzas Armadas que han declarado que ‘sí, en efecto, ella era la que estaba informada de los hechos’”, precisó el jurista.

Si bien el premier Alberto Otárola sí respondió a las interrogantes realizadas por el MP, la Procuraduría General del Estado (PGE) y las defensas de los deudos, sus respuestas habrían sido cortas. Además, de acuerdo a El Comercio, su abogado intervino en repetidas ocasiones.

“Cuando Alberto Otárola pasó a responder, las fuentes señalan que remarcó que se enteró de las muertes por los medios de comunicación, que en su condición de ministro de Defensa no tenía injerencia sobre operativos, y que no era su función supervisar o dirigir las acciones de la Policía o las Fuerzas Armas ante las protestas. También optó por remitirse a las respuestas que dio en un interrogatorio previo por este caso”, mencionó el medio.

A través de un escrito, el representante legal de la presidenta Dina Boluarte, el abogado Joseph Campos, mencionó que “no hay posibilidad de atribuir responsabilidad objetiva respecto de algún tipo de participación de parte de mi patrocinada en los hechos materia de investigación, por cuanto, conforme a decisión constitucional de su alta investidura, con acuerdo del Consejo de Ministros, a través de los decretos supremos antes descritos, las fuerzas del orden tenían que ejecutar sus funciones de garantizar el orden interno respetando los derechos humanos, la constitucionalidad y legalidad en su actuación funcional”.

En ese sentido, solicitó el archivo de la investigación contra la jefa de Estado por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

En diálogo con RPP, la defensa de la mandataria sostuvo que “no tiene sentido [la investigación] en el escenario que se provocó por otros”, además que en las diligencias “se ha descartado que haya existido alguna orden por parte de la mandataria respecto a las muertes”.